10 de January de 2012 00:01

Intención de cambiar la Relatoría de Libertad de Expresión abre el debate

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Este 25 de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el pedido de un grupo de países miembros del organismo, liderado por Ecuador y Venezuela. El objetivo: introducir cambios a la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tema fue analizado por la revista colombiana Semana, que advierte que esta idea fue presentada en diciembre y que deberá ser analizada por el Consejo Permanente de Embajadores de la OEA, que se reunirá este mes.

Según Semana, con esta propuesta se buscan tres aspectos: que la Relatoría no publique por separado su informe anual, últimamente de unas 400 páginas, sino que lo haga junto a las demás relatorías y con una extensión semejante a sus fraternas.

En segundo lugar, se pretende que la Relatoría no pueda buscar financiamiento en otros lados sino que reciba la misma cantidad de dinero que las otras. Finalmente, que los integrantes de esa dependencia se ajusten a un ‘código de conducta’ previamente definido por los países miembros.

Si bien el tema en Ecuador no ha tenido repercusiones todavía, medios como La Nación de Costa Rica han alzado su voz. “La Relatoría ha probado ser un baluarte en la defensa del derecho a difundir, recabar y recibir informaciones, ideas y opiniones en todo el continente. Su intensa actividad molesta a los Gobiernos y otros actores de la vida pública interesados en acallar la crítica, pero beneficia a los pueblos e individuos, sin discriminaciones”.

En diciembre pasado, el presidente Rafael Correa ya dio un primer aviso sobre la intención de reemplazar a la OEA, por un grupo regional integrado por los países de América Latina y el Caribe. Así lo dio a conocer en la primera Cumbre de la Celac. Entonces no tuvo el respaldo de los estados y su ponencia no fue acogida.

Las primeras reacciones a este tema se dieron en un debate producido en Bogotá por Contravía, un programa de análisis noticioso que transmite Canal Uno.

Allí participaron Carlos Lauría, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ); Javier Ciurlizza, director para las Américas del International Crisis Group; César Ricaurte, de Fundamedios; y Raúl Vallejo, embajador ecuatoriano en Bogotá, entre otros.

El programa discutió por qué Ecuador pretende modificar las formas de financiamiento de la Relatoría. Para Ciurlizza, la idea es “reducir el mandato de la Relatora y cortarle las alas a una instancia que ha basado su influencia y su accionar en los recursos externos que ha recibido por la calidad de sus informes”.

Vallejo aclaró que “las propuestas son hechas por los grupos de trabajo, no necesariamente por el Ecuador, como país y en algunos casos, a sugerencia del Ecuador”.

Lauría además advirtió que con el código de conducta que se propone, se busca establecer medidas de control. “Es una embestida muy seria. La comunidad de DD.HH. y libertad de expresión está muy atenta a este tema”.

“El CPJ ha verificado desde el 2007 una situación de franco deterioro de las condiciones de la libertad de expresión en Ecuador, que se ha convertido en un país en que los periodistas tienen muchas restricciones para trabajar”. Así Lauría sintetizó la serie de ataques que, según dijo, desde el poder se lanzan contra la prensa. “Estos ataques se verifican a través de las demandas por calumnias e injurias, campañas de descrédito que el Gobierno lanza desde medios que pertenecen al Estado”.

Ricaurte enfatizó que el panorama para la libertad de expresión bajo el gobierno de Correa “es cada vez más complicado”. Y añadió: “Está en discusión todo un cuerpo legal que limita severamente el ejercicio periodístico. Nosotros hemos contabilizado por los menos cinco leyes que estarían limitando este ejercicio”.

Hay tensión con la CIDH

El Gobierno  cuestionó el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego de la audiencia del 25 de octubre pasado en Washington.    

Allí, un grupo  de periodistas y representantes de los medios se quejó  por la situación de la libertad de expresión en el país.  

En  respuesta,  Correa emitió cadenas contra los peticionarios, lo cual incomodó a la CIDH. A partir de ese momento, las críticas de Quito al papel de esta instancia  han subido de tono al punto de querer jubilar  a la OEA.

La prensa colombiana se pronuncia

El programa ‘Contravía’  no es el único que ha analizado la situación de la prensa en Ecuador. De hecho, su programa se emitió luego de que  diario El Espectador publicara, el   3 de enero, el editorial titulado ‘Defender la libertad de expresión’.  

El texto contiene cuestionamientos serios a la postura ecuatoriana frente a la Relatoría para la Libertad de Expresión. En uno de los pasajes se lee: “Durante los últimos tiempos, sin embargo, unos estados —particularmente Venezuela y Ecuador— han puesto en entredicho la importante labor de la Relatoría. Algunos de sus actos a nivel gubernamental van en contravía de lo que puede entenderse como libertad de expresión: el silenciamiento de la crítica, el castigo a los malquerientes, las batallas contra los medios de comunicación. Cosas así. Y van más lejos”.

En respuesta a ese  editorial, el Embajador ecuatoriano en Colombia envió una misiva al diario bogotano en la cual cuestionaba los términos de la publicación y que apareció en el espacio de Cartas de los Lectores.

Raúl Vallejo mencionó que las propuestas para reformar la Relatoría para la Libertad de Expresión salieron del grupo de trabajo y “solo una surgió directamente como idea de Ecuador”.

Asimismo, en sintonía con El Espectador y ‘Contravía’, la revista colombiana Semana sacó a la luz un extenso material que rotuló “Matar al mensajero”.

Ilustrado con una fotografía de Rafael Correa el artículo señala que “uno de los instrumentos más eficaces para proteger la libertad de expresión en América Latina está en peligro. Se trata de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la (CIDH). La oficina, dirigida por la ex magistrada colombiana Catalina Botero está en la mira de los  gobiernos encabezados por Hugo Chávez, de Venezuela, y por Rafael Correa”.

El programa de ‘Contravía’ y los textos de Semana y El Espectador se  pueden mirar en  Internet.

Caso El Universo, nuevamente sin jueces

La salida de  Granda

El juez Felipe Granda presentó su renuncia al cargo de conjuez de la Corte Nacional de Justicia el 6 de enero pasado y fue aceptada al día siguiente.

El judicial aseguró que se va de la Corte por asuntos personales. Aunque en diciembre había pedido a la Corte  licencia  de 15 días por enfermedad.

César Salinas, un judicial de carrera   lo reemplazó. Este encargo debía ser cumplido hasta el 3 de enero, pero luego de la renuncia de Granda, debería principalizarse en el cargo.

En diciembre él  ya sabía que participaría en la audiencia sobre el recurso de casación,  pedido por el directivos de diario El Universo. Pero se suspendió.  


Gagliardo: Debo  ir con cuidado

“Yo no acepto presiones de nadie, ni de una parte ni de la otra, para mí es el tema más delicado que tengo como Fiscal”. Eso dijo ayer  Antonio Gagliardo, fiscal del Guayas, cuando se le preguntó  si existía una nueva providencia en  la indagación previa  en contra del juez temporal Juan Paredes,  quien sentenció  a El Universo.

Según el funcionario es  un tema “muy delicado”, y tiene que  ir “con mucho cuidado y  tino”. Cree que cualquier cosa que diga “puede ser motivo de algo y en eso me tengo que cuidar mucho”, por lo tanto prefirió no adelantar criterios o anunciar diligencias.

La defensa del diario ha cuestionado “la lentitud” del Fiscal en la indagación contra Paredes que falló a favor del presidente Rafael Correa. El principal argumento de la denuncia es que el juez no redactó la sentencia sino que supuestamente está vinculado el abogado de Correa, Gutemberg Vera. Según Gagliardo, la denuncia que en ese sentido hizo el asambleísta de oposición César Montúfar ya fue anexada al expediente que indaga a Paredes.
 
El Fiscal dijo que ya ha pedido la ampliación del peritaje del disco duro de la computadora que usó Paredes. Además que llamará a declarar a otras personas que han hecho declaraciones públicas.


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