La Unidad Judicial Penal de Quito, con sede en la parroquia Quitumbe, impuso una multa a los miembros de la Comisión de Fiscalización por no cumplir con una sentencia.
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La sanción, anunciada por el juez ponente Edgar Javier Romero Salazar, se fundamenta en la falta de acciones claras para sustentar los juicios políticos contra exministros y exsecretarios de Estado, tal como lo estipulaba la resolución judicial.
La multa impuesta corresponde al 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general y será de carácter compulsivo y progresivo.
Esta sanción económica se incrementará cada día que persista el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia. La decisión del juez se basa en lo dispuesto en el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que regula las sanciones por desacato a órdenes judiciales.
Condiciones para levantar la multa a los miembros de la Comisión de Fiscalización
La resolución también establece que la multa podrá ser ajustada o anulada si los miembros de la Comisión de Fiscalización justifican de manera adecuada su desobediencia o cumplen con los términos de la sentencia.
De lo contrario, la sanción económica continuará vigente hasta que se observen las disposiciones judiciales, y se remitirán los oficios respectivos para su ejecución.
Comisión de Fiscalización hará nuevo análisis de juicios políticos
Este sábado 7 de septiembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse de forma virtual a partir de las 10:30.
En la sesión, se analizará la sentencia del juez Edgar Romero, quien ordenó reactivar los juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Estas acciones fueron previamente archivadas por la comisión legislativa tras la retirada de firmas de apoyo.
La decisión del juez Romero responde a una acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón. En su fallo, el juez determinó que los juicios políticos deben retomarse en el orden inicial, lo que incluye el juicio contra la fiscal Diana Salazar, quien solicitó la reactivación del proceso tras superar problemas de salud.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) acogió esta petición y recomendó su unificación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos.
