15 de January de 2012 00:02

Instituciones más débiles, 5 años después

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El impedimento para que la información fluya sin restricción en época de elecciones, a través de un veto presidencial, es el último revés que la democracia ha experimentado en estos cinco años de gobierno de Rafael Correa.

Un Ejecutivo victorioso en las urnas, sin contrapesos institucionales; una movilización social adormecida y libertades ciudadanas limitadas. Es la radiografía de este lustro en el poder de Correa. Él ha señalado que los cinco procesos electorales desde abril del 2007, donde el Gobierno ha triunfado, son sinónimo de una democracia sana y vigorosa.

El Presidente celebró ayer que su gobierno, posesionado el 15 de enero del 2007, es el que más ha durado en cien años. Los últimos estudios internacionales sobre la calidad de la democracia en el país confirman que la población valora este mandato duradero. El Latinobarómetro 2011 advierte que Ecuador, con 29 puntos, es la cuarta nación, luego de Panamá, Uruguay, y Argentina que siente que la democracia ha mejorado.


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Pero esta noción de estabilidad se opaca con la debilidad que aún proyecta el sistema político del Ecuador, como resultado de una estrategia que funde dos factores: crisis institucionales constantes, causadas por el Gobierno, en medio de sus triunfos electorales.

La estrategia se puso en marcha en marzo del 2007. Sus bases y las del MPD ingresaron al entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), como medida de presión para que se diera vía libre a la consulta popular e instalar la Constituyente, sin que el Congreso de entonces diera su aprobación.

“Fue la primera expresión tangible de la ruptura constitucional. Había una corriente masiva que apoyaba las agresiones a estas normas, so pretexto de acabar con al viejo sistema”. Son las palabras de Diego Ordóñez, quien asumió la curul de la UDC, luego de que el TSE -con el apoyo del Ejecutivo- destituyese a 57 legisladores que deseaban frenar la consulta. A Correa apoyaban cuadros como Gustavo Larrea, Alberto Acosta o Mónica Chuji, que hoy lo acusan de debilitar la democracia.

La consulta de abril del 2007 dio paso a la nueva arquitectura constitucional. La victoria fue clara: el 82% votó por el oficialismo.

Desde entonces, la estrategia se ha mantenido: victorias electorales para Correa y sacudones a las instituciones. “Este ha sido un modelo que no respeta la institucionalidad”, dice Teodoro Bustamante, catedrático de la Flacso.

La nominación de las autoridades de los organismos de control, que en teoría debía impulsarla el poder ciudadano, desde el Consejo de Participación, ha devenido en una serie de concursos polémicos donde el oficialismo ha logrado imponer sus candidatos.

Y, recurriendo al favor popular, en la consulta del 7 de mayo del 2011, Correa inició la reestructuración de la Justicia con un Consejo Transitorio integrado por tres miembros cercanos a él, pese a que en el 2008, Alianza País, en Montecristi, prometió al país una Justicia independiente del poder político. “Es un Ejecutivo que gobierna, legisla y tiene la capacidad de convocar a la masa al juego plebiscitario cuando lo necesita”, dice Francisco Rhon, del Centro Andino de Acción Popular.

La consulta de mayo pasado -donde Correa tuvo una estrecha victoria- puso a una oposición desarticulada a debatir sobre un tema inédito en elecciones anteriores: la restricción de los derechos y las libertades. Los límites a la participación accionaria en los medios de comunicación, la prohibición de los casinos o la regulación a las corridas de toros levantaron la voz de varios sectores.

El derecho a la libertad de información, sin censura previa, también fue motivo de una pregunta. Fue un escalón más para el Gobierno que, desde junio del 2008, puso a la prensa como un objetivo político al cual combatir. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DD.HH. ha alertado por los efectos de la ley de medios que impulsa el Gobierno y su deseo por judicializar la opinión. La querella contra diario El Universo, al que exige USD 40 millones, y el juicio por daño moral contra los autores de ‘El Gran Hermano’, son casos palpables.

¿Y la protesta social?

La movilización de las otrora poderosas organizaciones sociales se ha neutralizado. El Ejecutivo ha actuado desde dos vías.

Una, la alianza política con sus líderes; y dos, la aplicación del Código Penal a dirigentes sociales que se han opuesto a las políticas mineras y ambientales del Régimen. Según cifras de la Conaie, 204 dirigentes han sido procesados por manifestaciones, bajo cargos de terrorismo y sabotaje.

Las propias instituciones estatales alertaron estos hechos. Fernando Gutiérrez, ex defensor del Pueblo, elaboró un documento que concluye que en el país se criminaliza la protesta social.

¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil? Francisco Rhon justifica su actual aletargamiento porque “hay una masa entregada al consumo por el elevado gasto público resultante de los ingresos petroleros. Una sociedad así está preocupada por incorporarse al mercado y no por las restricciones de la democracia”.

El Latinobarómetro 2011 arroja una conclusión similar. No solo cuando señala que los ecuatorianos, cinco años después, valoran la continuidad presidencial, sino que ubican al Ecuador, con 51 puntos, en el cuarto país que mejor percepción de progreso tiene.

Triunfos electorales vs. golpes al sistema democrático

15 enero 2007

Rafael Correa fue posesionado como nuevo Presidente de la República. En el Congreso Nacional no juró respetar las normas de la Constitución de 1998.

19 enero 2007

Rafael Correa anunció que no permitirá la posesión de Francisco Cucalón como nuevo Fiscal General del Estado, por considerar que su elección fue ilegítima. Él fue elegido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante concurso.

Febrero 2007

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el aval del Gobierno, convocó a consulta popular sin tener la autorización de la Función Legislativa.

Abril 2007

Se realizó la consulta popular, para instalar una Asamblea Constituyente de plenos poderes que redacte la nueva Constitución. Se eligió a Alberto Acosta como Presidente del organismo.

Junio 2008

Alberto Acosta renunció a la Presidencia de la Constituyente, por supuestas demoras en la aprobación de las reformas constitucionales. Este retraso molestó a Correa.

Julio 2008

El movimiento gobiernista, Alianza País, reorganizó el TSE, para que se incluyera en la estructura del organismo a un vocal en representación del bloque oficialista y organice así el referéndum para aprobar la nueva Constitución.

Abril 2009

El candidato-presidente Rafael Correa triunfa en primera vuelta en las elecciones generales. Gobernará cuatro años. Su movimiento, Alianza País, es la primera fuerza en la Asamblea Nacional presidida por Fernando Cordero.

Diciembre 2009

Se cerró Radio Arutam, porque supuestamente se realizaron transmisiones que incitaban a la violencia. También se dispuso la suspensión de la señal del canal Teleamazonas por tres días, por “informar falsedades”.

Diciembre 2009 a enero 2012

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se conformó con mayoría oficialista. A través de este ente, el Gobierno ha impuesto a sus cuadros en todos los cargos de los organismos de control.

Septiembre 2010

En el Regimiento Quito se inició una insubordinación policial, que terminó con la muerte de 10 personas en todo el país y más de 100 uniformados procesados judicialmente.

Diciembre 2010

El Presidente planteó una consulta popular para incluir un consejo de regulación en el proyecto de la ley de medios y reorganizar el sistema judicial del país.

Febrero -abril 2011

El presidente Rafael Correa enjuició penalmente a Emilio Palacio y a los tres directivos de El Universo, para los que pide tres años de prisión y el pago de USD 40 millones como indemnización. También enjuició a los autores del libro ‘El Gran Hermano’.

Mayo 2011

El Gobierno ganó la consulta popular, con estrecho margen. La victoria le permitió reestructurar las cortes de Justicia con una comisión integrada por sus delegados.

Enero 2012

El Gobierno introdujo una reforma para que la prensa no realice reportajes inductivos en la campaña electoral.

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