La cadena de radio y televisión que impuso el Gobierno -durante la sublevación policial del 30 de septiembre pasado- ha sido considerada por el Comité para la Protección de los Periodistas como una censura a la prensa.
Este es un organismo que tiene su sede en Estados Unidos y que trabaja en todo el mundo por el respeto a la libertad de prensa.Su reporte anual, en el caso de Ecuador, dice que la Secretaría Nacional de Comunicación ordenó que las emisoras y estaciones de TV reprodujeran la señal de los medios públicos: Ecuador TV y la Radio Pública, lo que ocasionó una falta de información y censura a los medios privados.
Este enlace se realizó desde las 13:20 hasta las 20:00, cuando los canales Ecuavisa y Teleamazonas rompieron la cadena para presentar sus imágenes.
El informe del Comité dice textualmente: “En medio de la rebelión, la Secretaría de Comunicaciones ordenó que interrumpieran sus programaciones y emitieran solamente la transmisión oficial (…) cuya cobertura informativa se basó en el punto de vista gubernamental y una serie de entrevistas con funcionarios, según explicaron periodistas al Comité ”.
El Régimen defendió su posición asegurando que durante un estado de emergencia era normal que se controlen las comunicaciones para evitar que el caos se apodere del país.
Empero, este criterio no es compartido por el Comité. En su reporte explica que durante la cadena se interrumpió la cobertura “informativa independiente que fue reemplazada con información aprobada por el Gobierno, privando a los ecuatorianos de tener fuentes diversas en un momento crítico”.
El Comité explica que el clima de censura se multiplica por las constantes cadenas que ordena el Gobierno para interrumpir noticieros con la excusa de su derecho a la réplica. Además, de los insultos que infiere el presidente Rafael Correa contra medios de comunicación y periodistas en sus enlaces de todos los sábados.
Para Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, estos incidentes que provoca el Gobierno apuntan a deslegitimar la acción de los periodistas e intentan imponer un ambiente de autocensura entre los reporteros, para frenar su labor. “Este y todos los gobiernos han estado preocupados del trabajo periodístico, de la investigación y que se saquen a la luz hechos de corrupción”, sostuvo.
Estos episodios de censura no solo fueron exclusivos de Ecuador. El reporte anuncia que el oficio del periodismo ha sufrido presiones: en países como Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú. En estas naciones la violencia contra los periodistas y la impunidad de sus crímenes afectan al trabajo.
Mientras que en países como Argentina y Venezuela esa presión llega por parte del Estado y principalmente desde sus máximas autoridades. En ese sentido, el Comité también advierte que en Ecuador, Argentina y Venezuela se pretende aplicar una normativa legal que pudiera afectar a la libertad de prensa.
En el caso ecuatoriano, se detectaron dos vacíos en el proyecto de ley de Comunicación que se encuentra en la Asamblea Nacional. Estos son que se obligue a los periodistas a contar con un título universitario en Comunicación Social y que existen requerimientos imprecisos para saber qué es una “información verídica”.
La aprobación de esta norma se encuentra en suspenso, hasta que se defina si se realizará una consulta popular. Una de las preguntas del cuestionario habla sobre la creación de un consejo para regular los contenidos de los medios.
Ángel Vilema, asambleísta de A. País y miembro de la comisión legislativa que redactó ese proyecto, confirmó que el debate está suspendido hasta conocer el resultado de la consulta, pero aclaró que es una ley en construcción y aún puede ser cambiada, para mejorar los errores detectados.