La Contraloría General del Estado continúa analizando el informe presentado por la Veeduría Ciudadana, creada para analizar los contratos que el Estado habría firmado con Fabricio Correa.
Después de más de un año de constantes investigaciones, la instancia entregó su informe al contralor Carlos Pólit, para que tome las acciones más adecuadas.
De acuerdo con los informes, el valor de los contratos auditados ascendió a USD 167,3 millones. En ese sentido, la veeduría determinó responsabilidades administrativas y civiles culposas que provocaron la destitución, multas y glosas a los funcionarios que incumplieron la normativa legal.
Los contratos examinados correspondieron a los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Predesur e Hidrolitoral con la empresa Cosurca, Consorcio Amazónico, Megamaq S.A, Constructora del Sur, y contratos en Petroecuador.
Después de analizar los informes , la Contraloría General determinó que existen contratos que ya fueron examinados por la entidad y otros se encuentran en ejecución.
Este es el caso del proyecto Baba por USD 130 millones y contratos en Petrocomercial y Shi-Asia y Asociados/Monteverde, por USD 115 millones.
Actualmente, ocho contratos en Petroecuador están en la fase de verificación preliminar para ser auditados y el monto a examinarse asciende a USD 195 713 449,43.
El mes pasado, Pablo Chambers, quien dirige la Veeduría Ciudadana, dijo que este organismo llegó a la conclusión de que el primer mandatario Rafael Correa Delgado sí conocía de los contratos de su hermano mayor con el Estado.
Además, manifestó que hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a las empresas relacionadas a Fabricio Correa Delgado.