La subcomisión legislativa aprobó el informe sobre la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales. Foto: Twitter Asamblea Nacional
La subcomisión de Fiscalización que investiga la adjudicación del contrato para la construcción del hospital básico de Pedernales, Manabí, en el cual la Fiscalía presume el presunto delito de delincuencia organizada, aprobó el martes 4 de agosto del 2020, por unanimidad el informe.
El documento se compone de cuatro conclusiones y tres recomendaciones, después de más de un mes de comparecencias. Los asambleístas Jimmy Candell (independiente), Ramón Terán (PSC) y Silvia Vera (Creo) indagaron este caso.
En su parte fundamental dice que “resulta evidente que los organismos del Estado ante los que se formularon denuncias sobre irregularidades, y apelaciones por resoluciones injustas de procesos contractuales para la ejecución del Hospital Básico de Pedernales, se abstuvieron de actuar con eficacia y diligencia, dando lugar a que los perjuicios al Estado sean consumados ante su inacción que raya en complicidad”.
El informe agrega que “la ejecución de las garantías contra la empresa adjudicataria debe ser inmediata, de tal manera que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda volver a contratar con la empresa que asegure la ejecución perentoria de la obra y su equipamiento integral”.
“La opción de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sea contratado con este fin, es una opción que debe estar encuadrada irrestrictamente en la Ley”, sostiene.
El documento también resalta las denuncias presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción y del periodismo de investigación.
Entre las recomendaciones consta que la Comisión Legislativa de Fiscalización “convoque periódicamente al Ministro de Transporte para que informe documentadamente sobre la ejecución del nuevo contrato de construcción” del hospital.
Además, que se remita este informe a la Fiscalía General del Estado “para que extraiga nuevos indicios y elementos de convicción válidos dentro de los procesos instaurados contra los transgresores de la ley”. Y que se encargue a la Comisión Anticorrupción para el seguimiento al nuevo contrato.
Por este caso están siendo investigados el exlegislador Daniel Mendoza y Eliseo Azuero (ind.), vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, sin embargo, no son mencionados entre las conclusiones del informe de la subcomisión.
Contra Azuero hay una orden de prisión preventiva. Su paradero se desconoce y el lunes 3 de agosto el Consejo de Administración de la Legislatura dio paso a la conformación de una comisión tripartita para su posible destitución.