La Fiscalía General del Estado abrió ayer una indagación penal en contra de Walter Poveda, ex ministro de Agricultura de este Gobierno.
El expediente tiene como base la denuncia que presentó la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión Pública. Este organismo indagó durante cuatro meses la gestión de Poveda.
En ese proceso descubrió supuestas irregularidades en los 14 contratos suscritos por el Ministerio de Agricultura para obras en Manabí. Estos contratos fueron firmados respaldándose en el Decreto de Emergencia firmado el 31 de enero del 2008, por el presidente Rafael Correa.
En esa época se pretendía agilitar los recursos para mitigar los daños producidos por la intensidad de la estación invernal.
El principal de la Secretaría de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, aseguró ayer que el cos-to de los 14 contratos, en los cuales existen supuestas irregula-ridades, superaría los USD 3,5 millones. Por eso entregó toda la documentación al fiscal general Washington Pesántez.
En el despacho del Fiscal se informó que la indagación se abrió, pero que todavía se analiza si se solicitarán medidas cautelares (prisión, arraigo o arresto domiciliar) en contra del ex Ministro.
Poveda es el tercer funcionario con rango de Ministro que es investigado por supuesto abuso de fondos públicos. El primero fue el ex ministro del Deporte, Raúl Carrión, quien todavía afronta un juicio penal en su contra. La segunda fue Caroline Chang, quien estuvo al frente de la Cartera de Salud. Ella también fue indagada por supuesto peculado.
En el caso de Poveda, la Secretaría de Transparencia está convencida de que existen razones para emprender un proceso penal.
Por ejemplo, los 14 contratos cuestionados fueron firmados para realizar 32 obras, pero luego de dos años 11 aún no se terminan, a pesar de que el plazo para su culminación era de máximo 90 días.
Además, se denuncia que no existen archivos o actas de entrega-recepción que respalden la conformidad de estos proyectos.
Otra de las incongruencias que señala Roldán es que estas contrataciones fueron para la realización de obras para riego, pero se firmaron “en plena época invernal, dejando de atender la verdadera emergencia climática”.
Además, se sospecha de la existencia de un sobreprecio en la compra de materiales utilizados en las obras (ver tabulado).
Ayer, el ex ministro Poveda dijo que desconocía en detalle la denuncia presentada por el Secretario de Transparencia. Aseguró que los 14 contratos cuestionados superaron los procesos que ampara la Ley. Es decir, primero una consultora se encargó de definir las bases de las contrataciones y luego estas fueron fiscalizadas durante su ejecución.
Tampoco se hizo responsable por los presuntos casos de sobreprecios en la compra de postes y transformadores, ni por la ejecución de obra estatal durante el severo invierno del 2008.
En el primer caso, insistió que los contratistas son los llamados a responder por ello. “Cualquier sobreprecio tendrá que ser aclarado por las personas contratadas por el Ministerio de Agricultura.
El seguimiento de las obras inconclusas, agregó, corresponde a las autoridades de turno. Anunció que está a la espera de una notificación sobre la denuncia para presentar su defensa.
Las emergencias, bajo auditoría
La Controlaría General del Estado ha realizado una investigación de las declaratorias de emergencias firmadas durante la presidencia de Rafael Correa.
El organismo de control ha detectado que en varios casos no existieron los fundamentos para considerarlos como una emergencia. Además, que entidades públicas no respetaron los procesos contractuales y evadieron los controles legales, bajo el respaldo de la declaratoria.
Por ese motivo, una de las recomendaciones que ha realizado la Contraloría es que se termine con ese sistema para la contratación.
Sin embargo, el Gobierno persiste en declarar la emergencia. La última fue al sistema penitenciario del país. Esta decisión se tomó el martes último, bajo el argumento que las cárceles carecen de la infraestructura básica para la permanencia de reos, quienes se encuentran hacinados.
Además, el 18 de agosto pasado, según la Presidencia, se extendió la declaratoria de emergencia en varias áreas del sistema de energía eléctrica del país.