La Asamblea Nacional de Ecuador resolvió sobre una serie de reformas significativas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio este lunes 8 de julio de 2024.
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Estas reformas, aprobadas por unanimidad el 8 de julio de 2024, incrementan las penas para 13 delitos y simplifican los trámites de extinción de dominio. Esta decisión se basa en los resultados del referéndum de abril de 2024.
Anteriormente, el presidente Daniel Noboa envió las propuestas de reforma el 13 de mayo y el plazo de 60 días para su aprobación vencerá el 12 de julio. La Asamblea Nacional debatió el incremento de penas de los delitos. Ahora, el Ejecutivo tiene 30 días para sancionar o vetar lo aprobado por el Legislativo.
Detalles y cambios clave en el aumento de penas, tratados en la Asamblea Nacional
La comisión multipartidista ocasional de la Asamblea Nacional, tras un análisis, presentó el texto final del aumento de penas de los delitos, que fue votado.
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Carlos Vera Mora, presidente de la comisión, indicó que las reformas buscan responder a las preocupaciones de la ciudadanía en términos de seguridad. Se refiere al aumento de penas y el cumplimiento total de las sentencias.
Además, se determinó que las armas decomisadas serán entregadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.
Estas modificaciones legislativas comprenden 24 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Estas se consideran un paso crucial para enfrentar la inseguridad en Ecuador y fortalecer la democracia y la participación ciudadana.
Simplificación de la extinción de dominio
Las reformas estipulan que no es necesaria una sentencia penal condenatoria para iniciar la fase de investigación y extinción de dominio.
Con esa normativa, la fase preliminar de indagación tendrá una duración máxima de 30 días. La Fiscalía General del Estado podrá optar por separar bienes individuales en las acciones de extinción de dominio. Es decir, sin agrupar todos los bienes objeto de la actividad ilícita.
Con 132 votos a favor, incluyendo los de la bancada de la Revolución Ciudadana, que inicialmente había criticado las penas por considerarlas desproporcionadas, las reformas se aprobaron por unanimidad.
Durante el segundo debate, se hicieron varias observaciones, y la comisión encabezada por Carlos Vera pidió 48 horas para procesarlas. Sin embargo, se mantuvo en gran medida la propuesta original del presidente Noboa.
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Un cambio fue en el artículo 7, que establece penas de 16 a 26 años para delitos relacionados con la minería ilegal y su conexión con el crimen organizado.
Las penas para otros delitos se incrementaron significativamente, con las más severas para el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada, que ahora aumentan en 16 y 17 años respectivamente.