Con fuerzas en contra. La propuesta urgente en materia económica del Ejecutivo tiene resistencia en la mayoría de las bancadas. El documento deberá pasar al menos dos filtros antes de llegar al Pleno.
A partir de que el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades fue presentado el pasado viernes por el presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar o rechazarlo.
Uno de los primeros filtros radica en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que deberá analizar si el documento reúne los requisitos para su trámite. El artículo 136 de la Constitución dice que “los proyectos deberán referirse a una sola materia”.
Johana Moreira, vocal del CAL por la Izquierda Democrática (ID), teme que haya dificultades. “El problema de esta ley de oportunidades laborales es que versa de distintas materias, no solo tributarias, laborales, GAD, judiciales incluso, entonces va a ser complejo decidir a qué comisión debe remitirse y si incluso cumple con los requisitos formales que establece la ley”.
Para que el CAL tome una decisión, la Unidad Técnica Legislativa deberá presentar un análisis sobre el texto que se compone de 335 artículos y que reformarían al menos 27 leyes. En el caso de inconstitucionalidades, el organismo pedirá a Carondelet que subsane los errores.
El segundo filtro estará a cargo de la Comisión especializada que deberá preparar un informe para resolución de los 137 legisladores en el Pleno.
Si bien la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que desde este lunes 26 de septiembre del 2021 empezarán los diálogos con las bancadas, hasta el viernes no se tenía una convocatoria oficial.
Sin embargo, asambleístas del correísmo como Cristóbal Lloret y Paola Cabezas ya adelantaron sus reparos al proyecto, al igual que Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC), que controlan 87 curules; es decir, 17 más de los que se requieren para aprobarlo.
El asambleísta del oficialismo, Juan Fernando Flores, es coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes y que tiene 24 miembros. Flores hizo un llamado a los legisladores a “buscar los puntos de encuentro en común”.
Para Lloret, las líneas rojas se centran en los impuestos y en materia laboral: “lo que buscan es tener en el Ecuador trabajadores de primera y de segunda; los unos amparados con más derechos y los otros con menos; eso es discriminatorio y atentatorio al marco constitucional”, remarcó.
La socialcristiana Marjorie Chávez manifestó que ve con preocupación que se pretenda “cargar con más tributos a la clase media del país”.
“Nosotros hemos dicho: no, tenemos que consultarle al pueblo. No más metida de manos al bolsillo del pueblo”, enfatizó José Chimbo, del movimiento Pachakutik.
Moreira y Dalton Bacigalupo señalaron que en el bloque de los 15 de la Izquierda Democrática (ID) no se cierran al debate. Bacigalupo cree que la mayor discusión girará en relación con las modalidades laborales. “Yo creo que ese va a ser el gran debate en el país, que va a polarizar las opiniones en Ecuador”, apuntó.
El politólogo Giusseppe Cabrera calificó como errores que el Gobierno haya demorado tres meses en presentar esta reforma y no haber incluido a este tema en el acuerdo que se gestó el 14 de mayo para elegir a Guadalupe Llori (PK) como presidenta de la Asamblea.
Además, Cabrera observó que hay “desconfianza” de algunas bancadas en el oficialismo. “Como el beneficiario directo de los escándalos ha sido el Gobierno, la Asamblea Nacional tiene desconfianza de quien filtra la información”.
“Creo que el Presidente lo que ha hecho es apostar a lo grande con un proyecto bastante grande para que sea rechazado e ir a la consulta popular. No va a lograr apoyos”.
La consultora en temas de gobernanza, Wendy Reyes, cree que se acentuará la pugna entre los dos poderes.
Apuntó que si bien todavía no se puede hablar de una oposición consolidada en la Asamblea, el Ejecutivo generará una oportunidad para que esto se fragüe en una eventual consulta. “Este es el escenario que miro porque entonces entras en una campaña. Entonces el Gobierno irá por el sí a las preguntas y la oposición por el no”.
La incertidumbre ya se refleja en el riesgo país que llegó el viernes a 838 puntos, cuando dos días antes fue de 825 puntos. El indicador, entre otros, toma un pulso al panorama político relacionado con los planes del Gobierno para el manejo de la economía.
Poco antes de recibir este proyecto urgente, la Asamblea devolvió al Ejecutivo la Proforma presupuestaria de 2021, negó unas ternas enviadas para la designación de las Juntas Monetaria y Financiera. Además, el Parlamento se impuso en una Ley para la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas, que había sido objetada por el Ejecutivo.
En las votaciones se evidenciaron coincidencias entre las bancadas del correísmo, Pachakutik y el PSC contrarias al Gobierno.