El Ecuador mantiene vigentes leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa. Esa es una de las conclusiones que contiene el informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW), difundido ayer en El Cairo, Egipto.
“Las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos”, agrega el reporte de la agrupación no gubernamental de DD.HH.
La organización indicó que al uso de leyes restrictivas se suma un proyecto de ley de comunicación, presentado por la bancada de Alianza País, que es tramitado por la Asamblea Nacional.
Según HRW, algunos de los artículos de la ley de medios “podrían abrir la puerta a la censura de los medios” de comunicación .
Esa iniciativa legal, que debe ser votada en el Congreso, propone la creación de un consejo de regulación que sancione la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales. A juicio de HRW, se trata de “términos vagos” que podrían “conducir fácilmente” a castigar a los “medios críticos” del Gobierno.
El informe sostiene que bajo la actual legislación los periodistas pueden enfrentar penas de hasta dos años de cárcel por desacato (irrespeto a la autoridad).
En su documento, la agrupación cita un reporte de Fundamedios, según el cual cinco comunicadores fueron condenados por difamación desde 2008, mientras que 18 enfrentan cargos similares en la actualidad.
HRW menciona en particular el caso del diario El Universo, cuyos tres directivos y el periodista Emilio Palacio fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de USD 40 millones al presidente Correa, que los demandó por injurias calumniosas.
“El presidente Correa con frecuencia reprende periodistas y medios de comunicación que lo critican y ha llevado personalmente a los periodistas a la corte por supuestamente difamarlo”, sostiene la organización.
HRW también asegura que las reformas aprobadas en el referendo de mayo del 2011 “podrían incrementar el poder del Gobierno para constreñir a los medios e influenciar el despido de jueces”. Esta parte del informe se refiere al funcionamiento de la Judicatura de Transición, aprobada en las urnas el año pasado y que estará en funciones hasta el 2013.
El documento de la organización no se limita a describir el estado de la libertad de expresión. También cuestiona los juicios que el Gobierno ha entablado contra dirigentes indígenas, bajo cargos de terrorismo y sabotaje.
Según cifras de la Conaie, más de 200 dirigentes indígenas son procesados bajo cargos de terrorismo, por participar en movilizaciones sociales contra las políticas mineras del Régimen.
El informe de la HRW se suma al de otros organismos, que miran con inquietud la situación de la prensa en Ecuador. Entre ellos figura la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos.
Informe en la región
La HRW señaló que Cuba se “mantiene como el único país latinoamericano que virtualmente reprime toda forma de disenso político”.
En el caso de Venezuela, el documento afirma que la situación de los derechos humanos es “precaria”. Señala que el debilitamiento del sistema democrático es una de las causas.
Sobre Colombia, afirmó que en su primer año Juan Manuel Santos mostró “más preocupación por los derechos humanos que su antecesor” Álvaro Uribe.