El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, habló sobre el posible cambio en las elecciones de las dignidades de las prefecturas en el Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Los prefectos de las 23 provincias del Ecuador se movilizarán este martes, 17 de octubre del 2017, en Quito. Pedirán a la Asamblea Nacional que se frene el trámite del proyecto que busca que la elección de sus dignidades sea únicamente con voto rural.
El proyecto legal es iniciativa del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare). Y fue presentado con el auspicio de Verónica Arias, legisladora electa en Loja por ARE-Alianza País. Y José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional.
Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), habló sobre los argumentos de los prefectos para rechazar la propuesta.
¿Cómo avanzan los preparativos para la concentración de Prefectos en Quito?
Se han hecho reuniones regionales, en territorio; en Ibarra, Cuenca, El Coca, Latacunga, Quevedo. Y, créame, la movilización es fuerte. No solamente por el tema de los empleados y trabajadores de los diferentes gobiernos provinciales, sino por las diferentes organizaciones sociales que están en el territorio y que han sentido el beneficio de los gobiernos provinciales. Hablo de las organizaciones de la economía popular y solidaria, barriales, comunales, redes de jóvenes, grupos étnicos que sienten que se van a sentir afectados con esta propuesta del Conagopare.
¿Cuál es el mensaje político que se intenta dar con esta medida?
Lo que le estamos diciendo al país es que no podemos aceptar una propuesta de esa naturaleza. Que la rechazamos profundamente. Es una propuesta que divide al país en ciudadanos de primer y segundo orden. Es una propuesta que violenta la Constitución y los derechos ciudadanos a elegir y ser elegidos. Es una propuesta que golpea la estructura político-administrativa del país al generar un nuevo espacio territorial, que es la ruralidad de las provincias.
¿Qué pasaría si nosotros también propusiéramos que los alcaldes sean electos solo por las zonas urbanas? Es inaudito. Cuando lo que debemos pensar, y es lo que proponemos desde el Congope, es trabajar en conjunto por la garantía de los hombres y mujeres en el territorio.
¿Por qué la premura de responder ante esta ley si todavía no se ha iniciado su trámite legislativo formal en una Comisión?
No es premura. El solo hecho que se le haya dado curso en el CAL (Consejo de Administración Legislativa) preocupa. Preocupa que miembros del CAL hayan manifestado en redes sociales que les hicieron aprobar esto en paquete con otras propuestas, que no se analizó individualmente. Preocupa que se haya destinado de inicio a la Comisión de Biodiversidad. Yo creo que ni los gobiernos provinciales ni sus comunidades somos partes de la fauna y de la flora de cada uno de los territorios. Esa preocupación obligó a los prefectos a decirle al país que vemos que no se están haciendo las cosas como deben ser. Nosotros tenemos temor de que ese proyecto tenga el procedimiento que no deba tener porque violenta la Constitución y divide al país.
Los prefectos tuvieron una reunión con el presidente de la Asamblea, José Serrano. Y él escuchó sus razones. ¿Cuáles son los argumentos de él para seguir con el trámite?
No ninguno. Solamente nos dijo que iba a reunir al CAL y que iba a colocar en el orden del día la reconsideración que ya habían planteado tres miembros del CAL. Pero eso no se realizó. La semana pasada no hubo reunión del CAL y la reunión que se había convocado no se realizó. Entonces, obviamente, nos sentimos burlados porque si hay un compromiso del presidente de la Asamblea y si no está el Presidente, alguien tenía que haber asumido esa propuesta de reconsideración que estaba solicitada por asambleístas que integran el CAL.
El Conagopare tiene dos argumentos para encaminar esta propuesta: que la inversión de las Prefecturas es mayor en las capitales provinciales y la pobreza que se encuentra en el sector rural. ¿Qué dicen ustedes?
Solicitamos que la Contraloría haga auditorías del destino de los recursos de los gobiernos provinciales. Se van a encontrar con la verdad de que es falso lo que están diciendo. Dónde se ubica, en el caso de Pichincha, obras en la ciudad de Quito. Es posible que en los sectores urbano-marginales hayamos hecho algo en convenio con el Municipio. Dónde ven en las capitales provinciales que los gobiernos provinciales estén invirtiendo. Eso es falso.
Sobre el segundo argumento, la pobreza en la ruralidad es cierto, sí hay pobreza. Esto se da por las necesidades básicas insatisfechas como agua potable, alcantarillado, salubridad. Pero esas son competencias municipales. Entonces no saca nada diciendo que las Prefecturas sean electas por el sector rurales cuando las pobrezas son por necesidades básicas insatisfechas. Es cierto que no se da el mantenimiento en su totalidad en los caminos secundarios y terciarios. Pero ese es un tema presupuestario. Para poder hacer el mantenimiento de las carreteras en esos caminos, a nivel nacional, USD 11 000 millones. Es un poco más de la tercera parte de los ingresos nacionales. Es imposible.
Si a su juicio no hay un argumento técnico para la propuesta. ¿Cuál es el interés político que ustedes identifican?
Desde hace mucho tiempo se planteó la regionalización, que cubría desde la Amazonía hasta la Costa, que dividía al país en tres o cuatro regiones. Con esto desaparecían las provincias y eran las regiones las que iban a dirigir el desarrollo del territorio. Las corrientes municipalistas siempre creyeron que debían desaparecer los gobierno provinciales y fortalecer los gobiernos municipales.
Le pongo un ejemplo en Pichincha, el canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo tiene 67 kilómetros de extensión. Va más allá del territorio de Cayambe y Pedro Moncayo y los alcaldes no podían hacerlo porque está fuera de los dos territorios. Ni la mancomunidad, con los ingresos de los dos Municipios no daba para realizar este proyecto. Lo está realizando el gobierno de Pichincha porque es un gobierno intermedio que busca coordinar las acciones de la política pública en el territorio.