El Comité de Ética de la Asamblea se activó este jueves 29 de septiembre de 2022 para conocer la denuncia presentada por la legisladora correísta, Johanna Ortiz, en contra de la expresidenta del Parlamento Guadalupe Llori.
La queja presentada por Ortiz corresponde a una presunta violación del numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esa normativa se refiere a las prohibiciones a los asambleístas, en la que habría incurrido Llori.
Entre las pruebas constan comprobantes sobre supuestos pagos de los colaboradores de Llori para su movilización. Esos aparentes depósitos habrían ocurrido cuando ejercía la Presidencia de la que fue removida por el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, el pasado 31 de mayo, por incumplimiento de funciones.
Los plazos para el proceso contra Llori
El asambleísta del oficialismo Fredy Rojas presentó una moción para avocar conocimiento de la denuncia, que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 8 de septiembre pasado. Se aprobó por unanimidad.
Dentro de un plazo de tres días, el Comité notificará a Ortiz para que presente las pruebas de cargo; así mismo a la asambleísta investigada para que ejerza su defensa y presente sus pruebas de descargo, dentro de los siguientes 10 días, contados desde que recibió la notificación.
Según el presidente del Comité, José Chimbo (Pachakutik), el informe para una resolución del Pleno estará listo en 40 días. El año pasado la exvicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue destituida de su curul por causales similares.
El artículo 163, numeral 4 detalla que “los asambleístas no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”.
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