24 de January de 2012 00:01

Gran Hermano: 4 veedores bajo lupa

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Los cuatro ciudadanos que presentaron el polémico informe de la Veeduría, que vigiló los contratos del Estado con Fabricio Correa, están siendo indagados por la Fiscalía, por un supuesto delito de atentado contra la fe pública.

Mañana, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo, deberán acudir ante la Fiscal de la Unidad de Fe Pública encargada, María Elena Bayas. La funcionaria envió un comunicado a los ciudadanos, el 4 de enero, en el cual sostiene que dentro de la fase de indagación previa, deben acudir a ese despacho, acompañados de su abogado defensor.

En febrero pasado, esa Veeduría sostuvo que el presidente Rafael Correa sí conocía de las adjudicaciones entre varias entidades del Estado con su hermano, con un perjuicio de USD 143 millones,

Ahora, los veedores llegaron a un acuerdo: no acudirán a la cita en la Fiscalía. “No sabemos a qué se debe ni cuál es la acusación concreta”, dijo Chambers, presidente de la Veeduría. “ Nosotros fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Somos un organismo amparado por la Constitución, no se nos puede investigar individualmente, es una acción descabellada”.

En una carta enviada al Pleno del Consejo, expresaron su reclamo por el abuso cometido contra los derechos de los ciudadanos, que los sienten vulnerados. El veedor Quishpe sostiene también que ellos se sienten desamparados como ciudadanos que colaboraron con una veeduría cívica, que fue solicitada por el mismo presidente Correa.

En su caso, asegura que no tiene fondos suficientes para contratar un abogado. Por eso, cree que esta indagación es un mal precedente para el proceso de participación ciudadana, cuyo organismo rector ha dejado huérfanos a aquellos ciudadanos que les colaboraron.

Los veedores no descartan ser víctimas de una persecución política, por las conclusiones de su polémico informe, a al vez que abogan porque el sistema de justicia no sea utilizado como una herramienta de presión.

Además, expresaron su rechazo debido a que fueron desalojados de las oficinas donde funcionaba la Veeduría, en el Consejo de Participación. “Desconocemos de la ubicación de 15 000 fojas” dijo, al tiempo en que advirtió que ellos no son responsables de la pérdida de algunos documentos importantes.

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