El Ecuador debe ser el país del mundo con mayor cantidad de detenidos por terrorismo en relación al índice de actos terroristas que se cometen y el país con mayor cantidad de presos por intento de magnicidio en relación con los reales intentos de magnicidio.
Debe ser, en cambio, el país con menor cantidad de detenidos o de investigaciones por actos de corrupción.
Esto a propósito del informe que entregó la veeduría que se conformó por pedido del propio Presidente para investigar el escándalo de los contratos del Estado con su hermano Fabricio.
Ahí se dice que hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a las empresas relacionadas a Fabricio Correa, que existió ilegalidad en estas adjudicaciones y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente USD 143 millones.
En este tema no ha habido ni el asomo de la agilidad que hubo para detener a los indígenas de la radio Arutam o para aprender a César Carrión o Fidel Araujo.
La veeduría dice que los contratos alcanzaron la cifra de USD 700 millones cuando antes se pensaba que estaban alrededor de los USD 80 millones, y que la orden del Presidente de que se anulen los contratos con su hermano nunca se materializó en un documento como manda el derecho público.
¿Reaccionarán ahora los fiscales con la misma diligencia con la que reaccionaron con Carrión o Pepe Acacho ?
¿Será que los fiscales solo reaccionan ante los bramidos sabatinos?