Por tercera vez, el presidente Rafael Correa se negó a entregar su historia clínica y la de su familia, como prueba del supuesto daño moral ocasionado por el libro ‘El Gran Hermano’.
La jueza María Portilla había requerido esa documentación clínica, en el marco del juicio por injurias que Correa adelanta contra los autores de esa publicación: los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. En esa demanda, el Presidente sostiene que el contenido de ese libro generó sufrimiento y angustia en él y su familia.
Por ese motivo, la defensa de los periodistas acusados pidió que el Mandatario exhiba la documentación médica que demuestre el supuesto sufrimiento, que lo impulsa a pedir USD 10 millones como indemnización.
Ramiro Aguilar, abogado de los periodistas, señaló que la negativa a presentar los documentos evidencia que en ningún momento el libro ‘El Gran Hermano’ causó dolor y sufrimiento a Correa. Su argumento es que en un juicio por daño moral, la parte acusadora debe probar que padeció esos sufrimientos, a través de la documentación médica.
“No presenta la historia clínica porque no la tiene, porque no es cierto que ha sufrido depresión o angustias que representen USD 10 millones”, dijo Aguilar.
La parte acusada también había pedido que Correa entregue las facturas de las consultas psiquiátricas y/o psicológicas a las que debió someterse, por los aparentes cuadros de depresión que le generó la publicación.
Ante la negativa de Correa, Aguilar anunció que solicitará a la jueza Portilla que emplee la fuerza para que la parte acusadora pruebe el sufrimiento que le ocasionó‘El Gran Hermano’.
Específicamente, pedirá que la Jueza disponga el “apremio personal”, para que un alguacil de la Función Judicial vaya a la Presidencia de la República y requiera la documentación.
“En caso de no presentar los documentos y certificados, quedará demostrado que jamás existió daño moral y la causa deberá ser desestimada”, agregó.
El plazo para presentar la documentación médica venció ayer, pero los abogados del Mandatario se rehusaron a cumplir con la disposición, por considerar que carece de “eficacia” probatoria.
Al contrario, el abogado Alembert Vera entregó un escrito a la jueza Portilla, en el que restó importancia al pedido de las pruebas. “Como ya lo expresé en el correspondiente término de prueba, la petición de exhibición de documentos solicitado por los demandados es improcedente y no tiene razón de ser”, señala la primera parte del escrito.
Según Vera, “quienes hayan efectuado imputaciones injuriosas contra la honra de una persona son responsables por daño moral”. Y, por lo tanto, no deben entregar pruebas médicas.
Correa quiere que los periodistas Calderón y Zurita le paguen USD 10 millones. Los acusa de supuestas injurias, porque el libro recoge versiones que señalan que él conocía de los contratos que su hermano Fabricio Correa celebró con el Estado.