Luis Pachala, vocal del Cpccs, responde a las críticas contra su organismo por haber tenido un papel marginal en la crisis política del 30-S
El Consejo de Participación, además de designar a las autoridades de control, tiene la responsabilidad de despertar un papel activo en la ciudadana. ¿Qué hicieron para evitar que el 30-S se haya desatado esta crisis?
El Consejo de Participación Ciudadana sí se pronunció y señaló que habrá que respetar el orden constituido y la democracia. Pero el Consejo no quiso dejar suelta esta cuestión y llamó a los ciudadanos a formar parte de una veeduría de las investigaciones que se realizan sobre el asunto. La iniciativa la toman los ciudadanos y el Consejo de Participación apoya y organiza a la veeduría.
¿Por qué no se tomaron medidas antes de que se generara esta revuelta? ¿Por qué no buscaron el diálogo y la participación en leyes como la de Servicio Público?El Gobierno y todas las instituciones pueden pedir el apoyo en la socialización como se hizo en la Ley de Aguas o de Educación, pero no lo han hecho. Lo más importante es la inclusión y la participación real de la gente para prevenir estos conflictos.
¿Se pudo evitar, a su criterio, hechos como los del 30 de septiembre, si hubiera habido una mejor información y diálogo con la Policía?
Se pueden evitar acciones críticas, cuando se trabaja con la ciudadanía, no solo en discurso sino en la práctica. Esa es la responsabilidad del Gobierno, predicar con el ejemplo.
Esa idea se aplica al incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué postura tuvo el Consejo de Participación frente a la decisión de la Presidencia de no difundir información como los viáticos, argumentando la crisis política del 30-S ?Las leyes orgánicas y la Ley de Acceso a la Información deben cumplirse, sobre todas las cosas. Cuando uno se desempeña bien en su gestión no le tiene miedo a nada ni a nadie. La transparencia es muy importante. En ese sentido, se debe cumplir con el art. 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación que habla de la rendición de cuentas, todo debe estar subido en la página web.
Pero si esto no se cumple, como en el caso de la Presidencia de la República, ¿cuál es la opción que tienen los ciudadanos?
El ciudadano que se sienta afectado en su derecho a conocer la información pública, tiene que aplicar el artículo 14. Para ello debe presentar una denuncia formalmente en el Cpccs. Se reserva el derecho de guardar el nombre de quien denuncia porque están afectándole sus derechos. Si lo comprobamos, hay un proceso que llega a la sanción. No podemos quitar el derecho de saber lo que estamos haciendo. Por eso somos hombres públicos.
¿En qué ha quedado la selección de autoridades a través de ternas, si las dudas del Consejo ya fueron aclaradas por la Asamblea, en la reforma a la Ley de Participación?Esperamos que se publique en el Registro Oficial para que el presidente Rafael Correa envíe las ternas que están pendientes. Estamos listos para recibir las ternas y las veedurías conformadas y el reglamento. Solo esperamos que él las envíe y estarán designadas las nuevas autoridades en 32 días, según el reglamento.
Pero, ¿no hay plazos para que los entregue?
No. No podemos presionarle de ninguna forma.
Entonces, el haber establecido plazos para evitar demoras en la selección fue un error de inicio…
Sí es un error de la Ley de Participación y en el reglamento tampoco pusimos los plazos.
¿Cómo avanza la integración de comisiones ciudadanas para la selección de las autoridades de control?
Esperamos convocar en enero a los interesados en el proceso de selección del Fiscal y del Consejo Nacional de la Judicatura.
Hay un número muy bajo de participantes en los procesos de veeduría, ¿eso es lo que esperaban?
No, esperábamos más para integrar el Consejo de la Judicatura y ocupar la primera autoridad de la Fiscalía General. Sin embargo, finalmente tuvimos un número relativamente positivo: 446 para Judicatura y 240 para Fiscal.
¿Y cómo está la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas?
Se inscribieron alrededor de 32 indígenas, 40 afroecuatorianos y 30 montubios. Esto más o menos representa un 30% del total de los interesados en el concurso.
Entonces, ¿su evaluación sobre la participación de las nacionalidades es positiva?
Sí. La Constitución Política vigente garantiza la interculturalidad en los cuerpos colegiados. Hay representantes de los pueblos Saraguro, Guaranca, del Puruhá, Otavalo…
¿Está satisfecho con esas estadísticas?
Relativamente. En realidad aspiro a que en las próximas cinco comisiones haya mayor participación de este sector. Pero ahora hay una participación importante en el proceso.