31 de October de 2011 00:02

Gobierno cubrirá los honorarios de la veeduría extranjera de la Justicia

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La Veeduría Internacional propuesta por el Ejecutivo, para seguir el proceso de Reforma a la Justicia en el país, incumple dos condiciones básicas que exige el modelo de participación ciudadana diseñado en esta Constitución.

Una: su estrecha dependencia económica al Ministerio de Justicia, que propuso esta iniciativa. Y, dos, el pago de remuneraciones a su coordinador principal, así como a los cinco miembros del equipo técnico que trabajarán para ella durante 16 meses.

Esa Veeduría Internacional será la única, de las 250 que ha integrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) desde el 2009, que tendrá estos privilegios que bordean el medio millón de dólares.

La veeduría trabajará durante 16 meses. Su cabeza máxima, el famoso magistrado español Baltasar Garzón, recibirá en tres pagos, USD 43 749. Esto, sin contar con el pago de boletos aéreos, movilización, alojamiento y alimentación que, por protocolo, cubre la entidad anfitriona. Este monto llega a los USD 26 000.

Los otros seis veedores internacionales no recibirán incentivo económico; únicamente el pago de los viáticos arriba señalados.

En cambio, el equipo técnico de esta veeduría, que trabajará en el país, cuenta con un presupuesto de USD 170 000, para gastos administrativos, viáticos y salarios para su coordinador y los cuatro técnicos que lo acompañarán.

El diseño de esta veeduría tampoco calza en el esquema que, para estas instancias, diseñó el Cpccs en su reglamento. Se trata del único instrumento normativo con el que cuenta el Estado y donde no se establece la figura de la veeduría internacional ni sus condiciones para operar.

La consejera Tatiana Ordeñana reconoció que es la primera vez que el Cpccs va a realizar una veeduría como esta, admitiendo que han debido ajustarse a su Reglamento. Allí se determina que una veeduría no debe depender administrativamente de ninguna entidad del Estado. Además, que su trabajo y el de los veedores debe ser autosustentable económicamente, porque su misión es cívica, voluntaria y proactiva.

Pero la propuesta que presentó el Ministerio de Justicia, para esa Veeduría Internacional, no cumple con estas características.

Ordeñana aclara que la instancia coordinada por Garzón vigilará el trabajo del Consejo Transitorio de la Judicatura, diseñado en la consulta popular de mayo pasado, cuya misión es reformar la Justicia en 18 meses. Es decir, hasta enero del 2013.

De allí que el Cpccs dio luz verde a esta veeduría porque fue pedida por la Función Ejecutiva (M. de Justicia) que, en teoría, no debe interferir en el Poder Judicial.

El convenio interinstitucional que dio vida a este proyecto fue suscrito el 20 de octubre por las máximas autoridades del Cpccs y del Ministerio de Justicia. La Veeduría Internacional tendrá dependencia administrativa del Consejo y económica del Ministerio de Justicia. Esta estructura la rechazan los consejeros David Rosero y Andrea Rivera.

Para ellos existe la pretensión de burocratizar la participación ciudadana, al utilizarse fondos de instituciones estatales para solventar estos procesos. Si Baltasar Garzón acepta el pago establecido en el convenio -advierten Rosero y Rivera- el principio del veedor que trabaja de manera cívica quedaría resquebrajado.

Pablo Chambers, coordinador de la veeduría de los contratos vinculados a Fabricio Correa, recuerda que ellos debieron solventar todos los gastos de transportación y alimentación. En ese sentido, señala que el pago que recibiría el Magistrado español “le restaría objetividad a su trabajo”.

Chambers insiste en que el Gobierno “desea avalar un atropello (la reestructuración de la Justicia propuesta por el Ejecutivo) pagando por un sello, por un certificado de calidad internacional”.

Gabriela Mosquera, experta en la conformación de veedurías, dice que el Ministerio de Justicia y el Cpccs parten de un error conceptual al moldear esta propuesta desde el esquema de veedurías ciudadanas locales.

Ella insiste en que en lugar de llamarle Veeduría, al apoyo coordinado por Garzón, había que proyectarlo como un asesoramiento internacional donde los siete invitados actúen como “observadores ocasionales, que no es lo mismo que ser veedores”.


Tres visitas en 16 meses

Una de las principales características que debe tener un veedor es su permanente cercanía con el objeto que está siendo vigilado. En el caso de esta veeduría, los siete miembros visitarán el país solo entre tres ocasiones durante los 16 meses de la reforma. La primera será el 25 de noviembre.

Debido a su ausencia es que se conformará el equipo técnico nacional encargado de remitirles los informes. El coordinador recibirá un pago mensual de USD 2 440 y los cuatro técnicos ganarán USD 1 590 al mes.

Para Mosquera, un veedor que recibe información de un equipo técnico asalariado “corre el riesgo de leer reportes parcializados y sesgados políticamente”.

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