8 de September de 2011 00:01

El Gobierno cree que la Justicia confirmó intento de asesinato

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‘Hacer de este proceso un tema personal, contra una de las personas que estuvo imputada, no va por ahí”. Con esta frase, el ministro del Interior, José Serrano, toma distancia del significado político que tiene la decisión de la Tercera Sala de la Corte Superior de Pichincha, de haber ratificado la inocencia del Crnl. César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, acusado por el Ministerio Fiscal de intento de magnicidio, el 30-S.

Para el Gobierno, lo importante es que la Justicia -inmersa en un denso proceso de reestructuración y con un estado de excepción de por medio- haya confirmado la tesis oficialista. Es decir, que el 30-S se quiso atentar contra la vida de Rafael Correa. Eso lo refleja la condena a dos años de prisión para los policías Luis Bahamonde, Marco Vinicio Paucar y Luis Martínez.

La situación de Carrión, la figura que más fuerza mediática cobró durante las investigaciones por el 30-S, pierde importancia para el Régimen. Por eso, Serrano prefiere no adelantar criterios sobre cómo se impulsará un nuevo juicio en su contra, esta vez por insubordinación, como lo sugirió el Presidente. Además, pidió que sea la Fiscalía la que responda si apelará a la instancia de casación.

¿Cuál es el mensaje que quiere dar el Gobierno? Santiago Basabe, catedrático de la Flacso, opina que la sentencia del martes marcó un punto de equilibrio donde todos salieron ganando... “menos estos tres policías humildes”.

Su argumento es que el Régimen se dio cuenta que una condena a Carrión hubiese agitado aún más a la opinión pública. Esto porque Correa fue, con su acusación directa en la sabatina del 23 de octubre del 2010, quien puso a Carrión en centro de la investigación y persecución estatal.

Carondelet no se lleva a Carrión como trofeo, pero consiguió una sentencia judicial que, en términos prácticos, le es más útil, según opina Basabe. Es decir, que se confirmó, en el fallo de segunda instancia contra Bahamonde, Paucar y Martínez, que a Correa lo quisieron matar.

Serrano insiste en que este es el elemento más importante de las investigaciones sobre el 30-S. Para él, se trata de un delito que está más allá de los otros cargos de insubordinación o rebelión. También celebra que se haya roto una “cadena de impunidad” que la oposición quiso mantener.

Asambleístas que critican al Gobierno dicen que el fallo de los jueces de la Tercera Sala es político. La razón: se acusa a tres policías de intento de magnicidio que, en doctrina jurídica, es algo muy grave. Pero no se toma en cuenta las condiciones en las que se dio la revuelta en el Regimiento Quito. Andrés Páez señala que los jueces han obviado el delito de muchedumbre. “Se sanciona a tres y ¿el resto?”. “Eso es crear chivos expiatorios”. Incluso Paco Moncayo cree que la figura misma de intento de magnicidio (matar a un Presidente) no guarda ni siquiera coherencia con las penas de dos años impuestas. Por eso, Paco Fierro (PSP) concluye que el fallo es para justificar la tesis de un golpe que, en su criterio, nunca existió.

Para Basabe, lo que a l Gobierno le importa es exhibir una sentencia judicial, sobre todo, ante la comunidad internacional que, con el paso de los meses, ha relativizado la tesis del supuesto golpe”.

Esta sentencia también le sirve al Régimen porque será un elemento a considerar una vez que la Justicia investigue lo que sucedió la noche del 30-S. Es decir, el rescate a Correa, donde murió el agente del GIR, Froilán Jiménez.

Lejos resolver el rompecabezas del 30-S, la sentencia del martes, para la legisladora Lourdes Tibán, lo complica más. Ella insiste que no se puede confiar en un dictamen judicial adoptado en el marco de un estado de excepción decretado la víspera por el Gobierno. También hay preocupación por la evidente demora que tienen otros juicios emblemáticos de aquel día.

Dichos juicios están en ciernes, mientras que Galo Mora y Alianza País ya piensan en conmemorar el primer año de esa revuelta con una gran concentración.

30 de septiembre del 2010
En el Regimiento Quito hubo un levantamiento policial, el Presidente visitó el sitio para calmar los ánimos pero luego de su intervención, los gendarmes se sublevaron.

30 de septiembre del 2010
Momentos de tensión se vivieron en la Asamblea Nacional luego de que la Escolta Legislativa impidiera el ingreso a los legisladores; algunos lo hicieron por la fuerza.

30 de septiembre del 2010
En las afueras del Hospital de la Policía durante la tarde hubo enfrentamientos entre civiles y policías, en la noche los militares rescataron al Presidente.

15 de febrero del 2011
El coronel de Policía, César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, fue acusado por el Gobierno de intento de magnicidio. Finalmente fue declarado inocente.

15 de febrero del 2011
El policía Luis Martínez, acusado de magnicidio, se entregó y fue incluido en un programa de protección de testigos. Permanecía prófugo desde el 20 de noviembre.

04 de abril del 2011
El mayor (e) del Ejército, Fidel Araujo, quien fue acusado de incitación a la rebelión, abandonó la prisión luego de seis meses al ser declarado inocente. Ese fallo se apeló.

Está pendiente...

Fidel Araujo, 4 meses de espera
El mayor (r), Fidel Araujo, acusado de incitar en la sublevación policial del 30-S, está a la espera de una fecha para la audiencia de apelación. En abril, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales lo declaró inocente pero la Fiscalía impugnó. Desde entonces se han suspendido tres audiencias. Dos por pedido del Ministerio de Justicia y la última porque el Consejo de la Judicatura transitorio dejó sin efecto el nombramiento de los jueces. El caso está en la II Sala de Conjueces de la Corte Provincial.

Rolando Tapia está en el penal
La defensa del ex jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, y de los otros cinco policías sentenciados por atentado contra la seguridad interna del Estado, al bloquear la Asamblea Nacional, apelaron el fallo y pidieron que se declarara nula la actuación del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Los recursos reposan en la Corte de Justicia de Pichincha. Hasta el momento no se ha notificado la fecha para la audiencia donde se sustentará el recurso. Tapia sigue detenido en el penal García Moreno.

Sobre los daños a Ecuador TV
La defensa de los 13 ciudadanos que irrumpieron en las instalaciones de los medios públicos, que fueron acusados de sabotaje y terrorismo por el fiscal Gustavo Benítez, interpuso un recurso de ampliación y nulidad. Este se presentó ante el juez Quinto de Garantías Penales, Raúl Martínez Muñoz, quien el 26 de agosto dictó el llamamiento a juicio por encontrar cargos. Todavía no se les notifica la fecha para la audiencia de sustentación del recurso de nulidad.

La audiencia a 15 uniformados sigue
Ayer se efectuaba la diligencia preparatoria de juicio contra 15 uniformados acusados por la Fiscalía de rebelión durante los hechos del 30 de septiembre. Entre los implicados se encuentra el ex miembro y comandante de la cúpula policial Florencio Ruiz. La jueza, Carmen Baño, fue quien llevó a cabo la diligencia en la cual se decidirá si los implicados van a los tribunales. La defensa de los uniformados adelantó que si se emite un acto de llamamiento a juicio, ellos presentarán un recurso de nulidad.

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