El tema de la consulta popular resurgió desde el propio ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuando endilgó a las autoridades locales su parte de responsabilidad para prevenir la inseguridad. Lo hizo el domingo 14 de agosto de 2022 en una rueda de prensa desde Guayaquil, tras la explosión en el barrio Cristo del Consuelo.
“En la consulta popular vamos a estar incluyendo algunas cuestiones en temas de seguridad, para que así ya nadie eluda su responsabilidad en materia de control de la delincuencia en cada uno de los cantones”, dijo ese día.
El martes 16 de agosto de 2022 ratificó la determinación del Gobierno para impulsar la consulta popular. Indicó, en un medio de comunicación, que antes del viaje del presidente Guillermo Lasso a Estados Unidos se haría un trabajo preliminar.
La consulta popular estuvo en un segundo plano “hasta que podamos establecer un panorama claro de coordinación con la Asamblea (Nacional), pero dadas las circunstancias es imprescindible tener una consulta popular”.
El funcionario dijo que debe “ir enfocada fundamentalmente en aspectos de seguridad, que son los principales elementos de preocupación del Gobierno y ciudadanía. También vamos a incluir aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de 10 preguntas”.
La consulta resulta “urgente” para el Gobierno, por lo que el periodo máximo de ejecución será hasta febrero de 2023 y que coincida con las elecciones seccionales. Mientras que las preguntas estarán definidas en este mes, estimó.
Motivos
Además de la inseguridad, entre los motivos que mencionó el Ministro en torno a la consulta popular está la relación con el Legislativo y las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Según Jiménez, “es muy complicado dialogar con una Asamblea que permanentemente encuentra esquemas de acoso al Ejecutivo. Por un lado nos llaman a dialogar y por otro fuerzan la institucionalidad respecto del Superintendente de Bancos (Raúl González), y eso no lo vamos a permitir”.
Pero, ¿es pertinente realizar una consulta? Especialistas responden. “Creo que la mejor solución es aplicar una consulta, así destrabamos el tema con la Asamblea. No sabemos cuánto va a durar o por cuánto tiempo va a colaborar con el Ejecutivo. Pero sí tienen que estar bien pensadas las preguntas”, sugirió Maximiliano Donoso-Muller, analista político.
Luego de una consulta, quien gana o pierde no es el político de turno sino los ciudadanos, considera Donoso-Muller. Pero “decir que puede mejorar la gobernabilidad es aventurarnos. Primero tenemos que pasar por la consulta popular y ver cuál es el resultado para saber si le va a favorecer o no al Gobierno. Tenemos que ver las preguntas, los temas. Hay demasiadas variables”, señaló.
Con la experiencia de un año en el Gobierno, Lasso ya tiene la posibilidad de hacer las “preguntas correctas” para saber qué pasa con la seguridad ciudadana, seguridad jurídica, Asamblea, economía y empleo. “Deberíamos volver a evaluar la cantidad de legisladores que tenemos”, opinó el analista.
Sin embargo, aclara que la consulta no va a solucionar los problemas de la noche a la mañana. Aunque sí permitirá encontrar un norte y destrabar temas que “lamentablemente la Asamblea y el Cpccs no han sido capaces de hacer”.
Por otro lado, para el analista político Rodrigo Jordán la consulta es una “acción riesgosa”, porque alcanzar el éxito pasa por tres factores: pertinencia de las preguntas, contexto del Gobierno y capacidad de la oposición.
En ese sentido, resumió que “las temáticas (de las preguntas) parecen ser de alto interés de la gente, y le pueden hacer bien al país; no obstante, el contexto del Gobierno es el peor, porque la aceptación de gestión del Presidente es bajísima, casi un 70% nacional de rechazo a su gestión. Aquí viene el factor más importante, el mayor riesgo que tiene esta consulta, la capacidad de la oposición de hacer ver que es innecesaria”.
Una consulta “bien planteada” en cuanto a reformas puede ser una herramienta necesaria ante la inseguridad y la superposición de las funciones del Estado, resaltó Jordán. Sin embargo, cuestiona la capacidad de hacer una interlocución efectiva con la Asamblea y los otros poderes del Estado. Además, “tiene una incapacidad comprobada para presentar proyectos de ley, ternas y cualquier tipo de iniciativa. Lo vemos desde el primer paquete de Ley que presentó, lleno de errores. Siempre hay contradicciones”.