Funcionarios del Gobierno ecuatoriano apoyan la idea de que una misión exclusiva de la región sudamericana realice la observación para las elecciones del 17 febrero del 2013.
Durante la sexta Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en Lima, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo que la visita de la delegación electoral de esa instancia será importante. Según el Canciller, América del Sur y el Ecuador se habían acostumbrado a que sus elecciones no valían mientras un organismo de observación de la Unión Europea no se pronunciaba. “Ahora eso se terminó”.
Hoy los presidentes de las 12 naciones se reunirán para evaluar los avances en temas de integración, defensa y salud. Y aprobarán definitivamente el funcionamiento electoral de la Unasur. Esto permitirá que la delegación oficial del organismo regional se estrene en el país para observar y avalar las elecciones generales.
Hasta ahora, el de Unasur ha sido el único organismo electoral invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para vigilar las elecciones. En una entrevista al medio oficialista El Ciudadano, el vocal electoral Juan Pablo Pozo señaló que se está analizando invitar a los delegados de otros organismos, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE).
Señaló además que la misión de observación de Unasur tendrá un representante designado por los ministros de Relaciones Exteriores y otro delegado por el Consejo Electoral de ese organismo. Además, cuatro representantes por cada uno de los doce países que lo conforman.
El último ejercicio de observación que realizó Unasur fueron las elecciones de octubre pasado en Venezuela en la cual no estuvieron presentes ni los delegados de la OEA ni los de la UE. Luego de las votaciones, la misión señaló que el “sistema electoral venezolano es altamente confiable en todos los sentidos posibles”.
La OEA estuvo presente en el país durante los dos últimos procesos electorales: las elecciones del 2009 y la consulta popular del 2011. La principal recomendación fue evitar el uso de los cargos e instituciones del Estado para enviar mensajes con contenido proselitista así como abstenerse de usar bienes y recursos públicos para fines electorales.