Vicente Romero, de 42 años, no oculta su desazón por el reciente despido del trabajo. Él era relacionador público de la Gobernación de Loja. Cuestiona la forma cómo fue despedido junto con 111 funcionarios de las dependencias adscritas a la Gobernación en toda la provincia.
Ese trabajo era el sustento de su familia. “Ese día (28 de octubre) llegué temprano a mi trabajo. Pero cerca de las 09:00 nos entregaron una acción de personal. Hubo resguardo policial”.
Romero se graduó en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja (UNL). Durante 20 años laboró en la Gobernación. “Pese a que era el relacionador, en ocasiones me encargaba de la Secretaría General e, incluso, era asistente de la Secretaría. Sin dejar de lado mis funciones”.
El cese de 112 funcionarios de la Gobernación que tenían nombramiento causó alarma en Loja. Solo quedaron cinco contratados.
“No puedo creer que todos no hayan trabajado. Cuando he acudido a la Intendencia hubo personas que me atendieron con cordialidad”, dijo la comerciante Marta Cartuche. Ella tramita todos los años los permisos de funcionamiento de su cafetería.
Virginia Tandazo, de 66 años, fue trabajadora social de la Comisaría de la Mujer durante 13 años. Tiene una discapacidad física por una artrosis en su cadera. Arrienda un departamento en el centro de la ciudad por el que paga USD 200 al mes.
También aporta para la alimentación y sustento de uno de sus hermanos, quien tiene trabajos eventuales. Además, apoya a un sobrino que estudia en la Universidad Técnica Particular de Loja.
Tenía permiso médico porque fue operada en marzo pasado.
“Cuando conocí la noticia me puse triste, pero creo que por mi edad e impedimento físico no me iban a permitir laborar con normalidad”, explicó Tandazo.
Ella dijo que no se aferra al cargo, pero solicitó que le ayuden con el aporte del IESS. “Me faltaban tres años para jubilarme. Espero mi jubilación porque soy una mujer sola, discapacitada y vieja que no tiene opción a trabajar más. Por lo menos, quiero hacerme atender en el Seguro Social”.
Según la gobernadora lojana, Alicia Jaramillo, el proceso de evaluación lo hizo de forma técnica el Ministerio de Relaciones Laborales. “Son componentes que ellos tienen conocimiento”.
La Gobernadora dijo que uno de los factores que se analizaron fueron las quejas y denuncias de los ciudadanos. Para ella, hubo otros asuntos de orden interno.
Jaramillo aclaró que ella y los cinco funcionarios contratados que siguen en sus cargos no tendrán vacaciones en el feriado porque trabajarán en la reestructuración de los servicios. “Es un nuevo modelo de gestión”.
Un equipo del Ministerio del Interior se reunió ayer con la Gobernadora para elaborar la reestructuración del servicio a los usuarios de la dependencia.
Desde el próximo lunes se elaborarán contratos ocasionales, que durarán hasta encontrar los perfiles profesionales para ocupar los 112 puestos vacantes.
Ayer, la atención en la Intendencia, en las comisarías, en la oficina de emisión de pasaportes… se llevó a cabo solo con los funcionarios de libre remoción y hubo pocos usuarios.
Romero dijo que es inaudito que se despida a todos sin ser evaluados. “Solo quisiera que me enseñaran la hoja o el documento donde conste que me saqué un cero y me voy si discutir. Nunca fuimos evaluados ni siquiera llegaron a tomar fotos para intuir que nos estaban evaluando”.
Los despedidos presentarán el próximo lunes una acción de protección ante la Corte Provincial de Justicia de Loja
Punto de vista
Iván Roldán/ Abogado
La medida no es legal ni justa
Desde el gobierno de Sixto Duran Ballén (1992-1996) se estableció la Ley de Modernización del Estado y con un plan de desburocratización se pensaba sacar a los servidores públicos ineficientes. Desde entonces se pensaba que el Estado debe ser pequeño, eficiente, solidario y que sirva a los ecuatorianos…
Ahora – más que nunca- hay un Estado voluminoso en donde los cargos públicos no son indispensables, sino el volumen de personas que tengan. Es necesaria una valoración de desempeño profesional y fijar los méritos de la persona. Pero no es legal ni justo que de la noche a la mañana, en función de un decreto interpretativo de la Ley y de la Constitución, se violenten principios elementales del ser humano. Con eso no concuerdo.