La tesis de que en el gobierno ecuatoriano ha articulado una política de acoso y de represión a los medios de comunicación y periodistas independientes se enfrentó hoy con la tesis gubernamental de que en el país se ha trabajado a favor de los derechos humanos y que las acusaciones provienen de los grandes monopolios mediáticos interesados en defender sus intereses económicos.
En efecto, hoy en la tarde durante la audiencia en la Comisión de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, tanto los medios de comunicación como el gobierno insistieron en sus argumentos alrededor de las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador.
La presentación de un video en el que aparece el presidente Rafael Correa insultando a la prensa y a los periodistas fue quizá la parte medular de la presentación de los medios. En ese video no solo se observa a Correa descalificando a los medios sino que aparece afirmando, casi a gritos, que él es el jefe del Estado ecuatoriano y que como tal lo es de los poderes judicial, legislativo y electoral, entre otros.
Del lado del Gobierno, la defensa giró alrededor de la intervención del canciller Ricardo Patiño quien acusó a los medios de defender un escenario en el que sus dueños se han beneficiado de la evasión de impuestos y del pago de la deuda externa. Según Patiño, las obras en infraestructura, salud y seguridad social, entre otros, demuestran la vocación del Gobierno por defender los derechos humanos.
Por Fundamedios expusieron César Ricaurte y Mauricio Alarcón. Ellos forman parte del grupo que cuestiona la política del gobierno de Correa en contra de los medios. Luego de la exposición de la parte peticionaria, es decir los medios, respondió el Gobierno que envió una delegación de alrededor de 20 personas para esa audiencia.
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PRIMERAS INTERVENCIONES
Un video en el que aparece el presidente Rafael Correa insultando y desprestigiando a periodistas y medios fue parte central de la intervención de César Ricaurte, de Fundamedios, quien fue el primero en exponer durante la audiencia temática que se desarrolló en la sede de CIDH, en Washington.
Ricaurte empezó por destacar la presencia de “la nutrida delegación gubernamental” en la audiencia, pero dijo que espera que obedezca a la sincera intención de escuchar e implementar las recomendaciones de la Comisión y no para hacer un despliegue de fuerza. Un video que recoge varias de las declaraciones de Correa respecto a los medios fue presentado para sustentar lo que Fundamedios considera un estado de hostigamiento continuo a los medios de comunicación.
El director de Fundamedios dijo que el gobierno ecuatoriano ha articulado una política oficial de acoso y amenaza a los periodistas. Para sustentar su presentación arrancó con un video en el que se ve a Correa insultando a periodistas y medios de comunicación. También se expuso el caso del dirigente indígena y radiodifusor José Acacho, quien está preso acusado de sabotaje y terrorismo. Otros casos que se presentaron en el video fueron el del diario El Universo y el de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, demandados por USD 10 millones por su libro El Gran Hermano.
“Dejamos constancia que en los días previos a la audiencia altas autoridades han descalificado a los miembros de esta delegación y nos han insultado. Eso viola los reglamentos de las audiencias”, dijo Ricaurte. “Somos ciudadanos comunes en busca de la protección que se nos niega en nuestro país”, agregó.
Ricaurte también mencionó el aparataje jurídico que el gobierno pretende implementar y con el que se pretenden limitar las libertades de las personas en general y de los periodistas en particular. Diijo, además, que existe un discurso oficial estigmatizante. 418 agresiones que suman atentados contra la integridad física y acoso.
Asimismo, aseguró que el contenido arbitrario a través de cadenas nacionales violan principios de la libertad de expresión. “Como podemos ver las violaciones son profundas y graves”, finalizó el director de Fundamedios.
Mauricio Alarcón, también de Fundamedios, afirmó que prueba de la poca independencia judicial en el Ecuador es la docena de jueces que han pasado por el caso El Universo, un proceso que ha sido tramitado en tiempo récord, cuando un juicio de este tipo puede tomar un par de años para el ciudadano común, según Alarcón.
Alarcón mencionó que en el país al menos cinco normativas, entre leyes y proyectos de ley, restringen la libertad de expresión. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la recientemente aprobada Ley Antimonopolio y al proyecto de Código Orgánico Penal Integral.
“Los juicios en los que interviene el Presidente o cualquier otra autoriadad no serán llevados por jueces independientes. El Estado lo justificará hablando de la necesidad de un cambio y de la legitimización de los ciudadanos en las urnas”, manifestó.
Después intervino Juan Carlos Calderón, uno de los autores del libro El Gran Hermano y que enfrentan un proceso por USD 10 millones.
“El gobierno podrá transmitir cadenas nacionales y exhibir video en los que se pueda ver a periodistas que critican al Gobierno… (pero) tampoco podrá explicar las consecuencias que ha tenido para mi seguridad y la de mi familia la estigmatización constante en la que hemos sido objeto desde el poder durante meses”.
“Podrá hablar de castigadas calumnias y de la responsabilidad del periodismo, pero no podrá justificar indemnizaciones personales por USD 40 millones de dólares. “En ecuador están en juego los componentes fundamentales de la Carta Democrática Interamericana”.
El periodista solicitó que la CIDH realice una visita a Ecuador para que constante la situación de las libertades, además de que el gobierno formalice la invitación “en este mismo espacio”. También pidió que se exhorte al Presidente a desistir de procesos contra periodistas y medios de comunicación y que se realice un seguimiento de la reestructuración de la justicia
Procurador Diego García y canciller Ricardo Patiño expusieron por el Gobierno
Borja pide no convertir al foro en un espacio político
Tras esta primera ronda, llegó el turno del procurador Diego García. El funcionario advirtió a los miembros de relatoría especial que no caigan en el juego de hacer de ese foro un espacio político y menos de intervenir en asuntos de competencia exclusiva del país. Esto, en respuesta a la petición de Juan Carlos Calderón de que haya un monitoreo permanente de la relatora de la situación de la libertad de expresión.
García afirmó que el Estado está dispuesto a discutir sobre el derecho a la libertad de expresión, pero advirtió que ese espacio no era el adecuado para casos particulares que están siendo procesados bajo el sistema judicial ecuatoriano.
“Nos estamos acostumbrando cada vez van a escuchar que determinados hechos van a ser discutidos en el sistema interamericano de derechos humanos aun antes de que sean planteados internamente. Con la mediatización de los conflictos en el sistema interamericano muchos buscan más el generar la noticia de un reclamo a la CIDH que en el resultado de su trámite o gestión”.
El Procurador también aseguró que en Ecuador hay total libertad de expresión, “basta con ver los programas de noticias y publicaciones” y agregó que incluso se abusa en algunos casos de ella. “Este derecho tiene límites”.
“Nuestra Constitución al igual que la Convención (Interamericana de DD.HH.) garantiza la libertad de comunicación sin que exista la posibilidad de una censura previa, pero con responsabilidad y respeto a la honra y dignidad de los demás”.
Patiño hizo un informe de labores
El canciller Ricardo Patino sustentó su intervención con el argumento de que el gobierno ecuatoriano ha trabajado como ningún otro en el fortalecimiento de los derechos humanos. En una intervención política, Patiño dijo que los medios no representan a los intereses del pueblo y que, más bien, han obrado por sus intereses económicos.
Patiño dijo que los peticionarios (los periodistas) presentes nunca antes se preocuparon de denunciar ante la OEA las violaciones a los derechos humanos, como cuando hubo el feriado bancario en el 1999. Acusó a los medios de haber callado en el tema de la crisis bancaria y de haber protegido a sus causantes.
Se refirió de manera algo irónica, según se puede deducir por su gesto y tono de voz, a los periodistas al llamarlos “caballeros” y decir que parece que solo les importan los propios derechos y no los de toda la sociedad.
También insinuó que los periodistas que están acá representando lis intereses de los grandes grupos mediáticos solamente. Dice que el estado solo ha suprimido las canonjías a las que estaban acostumbrados los grupos de poder y que por eso el país está ahora en esta polémica.
La ironía fue la tónica de la intervención del Canciller, quien dijo que los medios tienen el papel de actor político de primer orden que quiere persuadir a todos que hay vulneraciones a la libertad de expresión, con todo tipo de mecanismos, desde el ocultamiento de información hasta mentiras.
El Canciller hizo también un resumen de obras del Gobierno. Habló sobre las carreteras que se han construido, de la cobertura de seguridad social, de la inversión en salud y de los proyectos para los discapacitados. Todo eso, dijo, es parte de una política real de derechos humanos a favor de las masas.
Patiño aseguró que los dueños de medios se oponen a este Gobierno porque son los que se beneficiaban del pago de la deuda y de la evasión de impuestos.
Agregó que “ahí si que ardió Troya” cuando el gobierno empezó a constituir medios públicos y empezó a entregar frecuencias a grupos comunitarios.
LA RONDA DE PREGUNTAS
Luego de las presentaciones de los peticionarios y de los representantes del Gobierno ecuatoriano, intervinieron algunos comisionados y la relatora especial de la OEA, Catalina Botero, durante la ronda de preguntas. Estas personas plantearon inquietudes a los peticionarios y los delegados del Gobierno.
La primera fue la comisionada, de Venezuela, Luz Patricia Mejía, quien en la argumentación de las preguntas apoyó abiertamente la posición del Gobierno. Ella preguntó, entre otras cosas, si en el Ecuador hay alguna forma de regulación para los medios y dijo que hay monopolio en los medios. “No es secreto cómo los medios han tenido participación en varios intentos de ruptura constitucional en la región y resistencia al cambio”, dijo Mejía.
La relatora Catalina Botero, por su parte, indagó si en Ecuador se aplica para todos el derecho a la honra, y en caso de que una autoridad ofenda a cualquier persona también debe someterse a procesos judiciales, como sucede en la actualidad con personas que el Gobierno aduce han ofendido la honra del Presidente.
SEGUNDA RONDA DE INTERVENCIONES
César Ricaurte inició su segunda intervención lamentando que el canciller Patiño se haya abstenido de responder a todos los cuestionamientos presentados en su intervención inicial como el ataques periodistas a través de cuerpos legales, de cadenas nacionales, de juicios, millonarias indemnizaciones.
Sin embargo, enfatizó que acudieron a un organismo de protección de DD.HH., como es la CIDH, como ciudadanos “comunes y corrientes”. Pidió al Estado ecuatoriano respetar también este derecho.
En tanto que Mauricio Alarcón, de Fundamedios, ironizó con el tiempo que demoró el ministro Ricardo Patiño, quien se extendió más de los cinco minutos acordados. Dijo que entiende cuán “difícil es interrumpir al canciller”.
Aseguró que es totalmente cierto que en el país existen ocho grupos de poder que concentran medios de comunicación, como mencionó Patiño en su primera intervención. Sin embargo, recordó que cuando el Gobierno incautó los medios de los hermanos Isaías pasó a ser uno de esos grupos.
Recalcó que se encuentran en la querella como ciudadanos y defensores de derechos humanos. Asimismo, denunció que antes de esta audiencia se fraguó desde el Gobierno una campaña de deslegitimación contra quienes acudieron ante la CIDH, lanzando “acusaciones falsas” con relación al grupo Fundamedios.
Sobre las declaraciones de Patiño, Alarcón aseguró que es tan o más peligroso que una autoridad enjuicie a un periodista como el hecho de que el dueño de un medio de comunicación atemorice para que una publicación no se realice.
Al final de la audiencia intervinieron de nuevo el procurador García y el canciller Patiño. García se refirió la pregunta que se hizo en el sentido de que si en el Ecuador hay independencia de la justicia y dijo que esa no era tema de la audiencia ya que, según él, la cita era para hablar exclusivamente sobre libertad de expresión.
Patiño, por su parte, afirmó que los peticionarios habían mentido y que la única solución para ellos era hacer una reforma constitucional para que los periodistas no estén sujetos a la ley no se los pueda enjuiciar.