11 de October de 2011 00:02

4 frentes acechan al periodismo

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No hay una fecha clara de cuándo la Asamblea aprobará la Ley de Comunicación. Sin embargo, los controles y las regulaciones al ejercicio periodístico comienzan a tomar forma en la Legislación ecuatoriana, desde cuatro escenarios.

El primero de ellos es la Ley de Participación Ciudadana. Está vigente desde el año pasado y plantea que el Quinto Poder establezca mecanismos para que los medios de comunicación rindan cuentas por considerar que su labor es un servicio público.

El segundo escenario es la Ley de Regulación y Control del Mercado (Antimonopolio), cuyo veto presidencial es cuestión de horas. Allí se incluyen dos normas derogatorias y una transitoria que obligan a los accionistas de las empresas de comunicación a vender las acciones que posean en otros negocios, ajenos a los medios, cuando su participación sea mayor al 6% del paquete total de la empresa.

La Ley Antimonopolio también dictamina que hasta el 13 de julio del 2012 esas acciones queden transferidas. La razón: ese día se cumplirá un año de la publicación, en el Registro Oficial, de los resultados de la consulta popular que, entre otras preguntas, planteó este tema al elector. El tercer escenario tiene que ver con los cambios que el Gobierno pretende efectuar al Código Penal. Allí, según publicó la semana pasada la revista Vanguardia, se pretende penalizar, con prisión de 7 a 9 años, la difusión dentro y fuera del país de noticias que causen pánico económico, financiero o conmoción social. En este caso, las sanciones, que incluyen hasta 15 años de prisión, van para la persona y la empresa. En este anteproyecto, que aún no sale de Carondelet, también se tipifica la figura de la falta de respeto a la autoridad.

El cuarto tema tiene que ver con la jurisprudencia que, poco a poco, se genera en Ecuador por los recientes fallos judiciales en contra de periodistas y medios. Un caso es la querella contra diario El Universo, cuya condena se analiza en etapa de casación.

Ante este panorama legal, el jurista conocedor de temas de comunicación, Juan Carlos Solines, cree que como el proyecto de ley de medios presenta muchos retrasos, el Régimen ha buscado implementar una regulación más rápida contra los medios de comunicación. “Da la sensación de que, en realidad, se quiere frenar la labor periodística”.

César Montúfar, miembro de la disuelta Comisión de Comunicación, no esconde su preocupación. A su juicio, la ley de medios ha buscado legislar sobre todos estos temas presentes en leyes arriba citadas, por lo son temas que se están duplicando jurídicamente. A eso se suma la intención de institucionalizar la regulación a los medios desde varias autoridades: el Quinto Poder con la Ley de P. Ciudadana; el Consejo de Regulación en el proyecto de medios y la Junta Reguladora y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en la Ley Antimonopolio.

El asambleísta de A. País, Paco Velasco, cree, en el caso de la Ley Antimonopolio, no busca controlar a la prensa anticipándose a un posible debilitamiento político de la Ley de Comunicación. Incluso dice que “los medios deberían estar felices, porque proponemos un juego justo sin padrinazgos de banqueros”.

Su compañera de bancada y ex miembro de la Comisión de Comunicación, Betty Carrillo, piensa que todas estas normas deben conectarse entre sí para evitar distorsiones y mantener conceptos claros. Por ejemplo, esta legisladora dice que le parece correcto que se penalice “la deshonra”, ya que “la dignidad de una persona está por encima de cualquier opinión, así nos estemos yendo en contra de la tendencia internacional de la despenalización de estos delitos”.


Los juicios pendientes

Al ex magistrado Fernando Casares le preocupa que el presidente Rafael Correa finalmente gane los juicios contra diario El Universo, sus directivos y Emilio Palacio, así como contra los autores del libro 'El Gran Hermano'. La razón: estos pueden sentar jurisprudencia a futuro en el Ecuador.

Casares opina que estos procesos se han ventilado bajo mucha presión política por parte del Gobierno; en ese sentido no hay la certeza ciudadana de que los fallos finales serán independientes y en derecho. Si esto llega a suceder, la ciudadanía terminará afectada por casos que, en su criterio, vulneran las libertades civiles.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)