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La fiscalización tuvo un saldo rojo

La fiscalización tuvo un saldo rojo

La fiscalización tuvo un saldo rojo

El archivo de los pedidos de juicio político a los ministros de Defensa Nacional, Javier Ponce, y de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, fueron los últimos intentos por fiscalizar a funcionarios del Gobierno.

En efecto, en la última semana de actividades de la Asamblea, antes de iniciar un período de vacancia, las comisiones en las que se sustanciaron las investigaciones en contra de los dos secretarios de Estado no encontraron méritos para llevar adelante los juicios políticos y recomendaron el archivo de esas causas.

La fiscalización al ministro de Defensa, Javier Ponce, fue impulsada por el asambleísta Fausto Cobo, de Sociedad Patriótica. La razón: posibles irregularidades en la contratación de los helicópteros indios, marca Dhruv.

En el segundo caso, la Comisión fiscalizadora tampoco encontró sustento en las acusaciones del asambleísta Abdalá ‘Dalo’ Bucaram, quien acusó a David Ortiz de supuestas irregularidades en la firma de contratos para la reconstrucción vial, que fueron parte del Plan Relámpago.

Sobre el ministro Ortiz recae otra acusación, esta vez del asambleísta Fernando González, quien cuestiona la actuación del Secretario de Estado en la firma de contratos viales en Tungurahua y en Loja.

Anteriormente también fracasaron los pedidos de interpelación al ex ministro de Transporte, Jorge Marún, y a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando. Los dos pedidos fueron planteados por Galo Lar.

Sin embargo, en la última reunión de trabajo que mantuvo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, con los presidentes de las comisiones especializadas y ocasionales, el titular de la Asamblea ponderó la actuación en materia de fiscalización.

Comentó que “está naciendo una nueva forma de fiscalización y control político”.

Reveló que desde agosto hasta la semana anterior se tramitaron solicitudes de información a 129 entidades del Estado a través de 800 solicitudes suscritas por asambleístas.

También informó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció y resolvió 29 casos en los que los funcionarios públicos no atendieron los pedidos de información de los asambleístas.

En esos casos, dijo, se solicitó la comparecencia de los funcionarios para que concurran a las respectivas comisiones especializadas permanentes.

El viernes, Cordero también evaluó el avance de los proyectos de ley que se discuten en las comisiones especializadas permanentes (ver puntuales adjuntos).

Hasta el 4 de marzo, las actividades administrativas ylegislativas se suspenderán. No obstante, Cordero anunció que en estos días mantendrá diálogos, entre ellos con el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca.

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