La Fiscalía General tiene que responder hasta hoy sobre el pedido de aclaración, ampliación y revocatoria de la solicitud de formulación de cargos en contra de los imputados en el caso de Cervecería Nacional.
El 12 de diciembre, el fiscal subrogante César Morales pidió a la Corte Nacional de Justicia que fijara fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño. También contra el representante de la Cervecería Nacional, Roberto Jarrín, y contra los hermanos Alfredo y Arturo Javier Larrea Jijón. Este último fue secretario de la Corte Constitucional, destituido por este caso.
Los cuatro han sido vinculados en el supuesto delito de cohecho, por el presunto pago de USD 1,05 millones para fallar a favor de la empresa, en el marco del juicio planteado por los ex trabajadores de la Cervecería Nacional por el no pago de utilidades.
El caso se abrió el 4 de febrero de este año, pero fue devuelto a la Fiscalía por el juez encargado del trámite de la causa, Milton Peñarreta, en agosto pasado, debido a los errores de procedimiento.
Estas falencias fueron superadas, luego de que el fiscal Morales remitiera a la Corte Nacional de Justicia el pedido de inicio de la instrucción fiscal, acompañado de la acción de personal que confirmó que está al frente de esa entidad.
El caso debe continuar en manos del juez Peñarreta, de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional, hasta que culmine la etapa de instrucción fiscal, que puede durar hasta tres meses. En ese sentido, uno de los acusados, Roberto Jarrín, pidió al judicial que se revoque la providencia por considerarla injustificada y que no tenía validez jurídica. Por ello, el juez Peñarreta solicitó el lunes pasado, que la Fiscalía se pronuncie al respecto y le dio un plazo de dos días.
El caso saltó a la luz pública por las denuncias del asambleísta de oposición, Galo Lara, quien denunció un tráfico de intereses en la Corte Constitucional en favor de la Cervecería. Lara cuestionó la integridad de este Tribunal. Los ex empleados siguen a la espera de que se resuelva el caso.