Fiscalía pide información a los medios

Los medios que investigan la gestión de Pedro Delgado, titular del Banco Central y del Fideicomiso AGD-No Más Impunidad, son objeto de acciones judiciales.

Luego de la publicación de reportajes sobre las entidades que dependen del Fideicomiso, el primo del presidente Rafael Correa pidió a la Fiscalía que indagara a dos medios escritos y un blog.

Se trata de la revista Vanguardia, Diario EL COMERCIO y el blog de la Federación de Trabajadores de Pichincha (Fetralpi), que han revelado información vinculada al banco incautado Cofiec.

En esa información figura el préstamo de USD 800 000 al empresario argentino Gastón Duzac. Él fue parte de una comitiva de Delgado en febrero, pero en la actualidad ha desaparecido sin cancelar la deuda con la Cofiec.

El 11 de septiembre, la revista Vanguardia recibió un oficio de la Fiscalía, en que se pide al medio que remita las grabaciones y respaldos que sustentaron sus reportes sobre el caso Duzac. Esas notas empezaron a difundirse desde septiembre y revelan detalles de los nexos que mantuvo Delgado con el argentino Duzac.

Con la misma fecha, la Fiscalía firmó otro oficio dirigido a este Diario. En ese documento, suscrito por el fiscal encargado Jorge Nogales Mena, de la Unidad de Actuación Administrativa, se solicita que se revelen los nombres de los autores del reportaje ‘La Contraloría puso su lupa en las declaraciones de bienes de Delgado’, reproducido el 26 de agosto. También que entreguen los originales de las fotos y los documentos que sustentaron la publicación.

La nota fue criticada por Correa hace nueve días, durante el homenaje a su primo, donde ya anunció que se entablarían acciones judiciales contra este medio.

El blog de la Fetralpi fue el tercero en recibir un comunicado de la Fiscalía. En esa misiva -pedida por Delgado- se solicita que se revele el nombre de los autores del artículo ‘ Manejo de billetera móvil, créditos vinculados de Cofiec y negociaciones con Irán’.

Esa nota recoge información enviada por el asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik), quien denuncia aparentes irregularidades en el Banco Central que presuntamente vinculan a Delgado.

Gremios de prensa y la oposición miran con preocupación que la tarea periodística y editorial sea judicializada desde el poder político. Paúl Mena, representante del Foro de Periodistas (FOPE), sostiene que resulta inquietante que de los medios que han investigado casos vinculados a Cofiec ahora reciban pedidos judiciales de información. “El Estado tiene la obligación de brindar garantías al trabajo periodístico”.

Un postura similar tiene la organización Fundamedios, que incluyó los tres oficios suscritos por la Fiscalía en una de sus alertas de ataques contra la libertad de prensa. En ese reporte, también se subraya que otros periodistas, como Janet Hinostroza y Fausto Yépez de Teleamazonas, han recibido amenazas por este caso.

El asambleísta y precandidato presidencial, César Montúfar, señala que es inconcebible que se judicialice la tarea de la prensa. “La prioridad de los organismos judiciales y de control debería ser la investigación de las aparentes irregularidades del fideicomiso”.

Sigue veda  a prensa privada

Raúl Reinoso, juez XII de la Niñez y Adolescencia, desechó ayer la acción de protección planteada por Fundamedios, contra la prohibición presidencial de que sus ministros den entrevistas a medios privados.

La sentencia, que fue notificada ayer a las partes, señala que en la decisión del Primer Mandatario “no existe vulneración de los derechos constitucionales”,  que garantizan la libertad de expresión.

De este modo, Reinoso desestimó el argumento esbozado por Fundamedios para que se deje sin efecto esa prohibición.

Según la ONG, el impedimento para que ministros y altas autoridades del Ejecutivo concedan entrevistas a medios privados  coarta la libertad de expresión. Entre otros motivos, porque  los ciudadanos no tienen la opción de elegir los medios a través de los que desea informarse. Además, también restringe el derecho a la prensa de informar de forma integral sobre los hechos en el país.

Sin embargo, el juez Reinoso determinó que la prohibición  presidencial “no es una política pública” expresada en un decreto o documento similar.

Desde su punto de vista jurídico, esa orden fue “una alocución que el señor Presidente Constitucional de la República ha implementado en su Gobierno”.

Con esta providencia, la restricción de que las altas autoridades den información a los medios privados quedó en firme. Es decir, que la prensa privada no podrá tener entrevistas con funcionarios de Gobierno. La restricción está vigente desde la última semana de junio.