El Consejo Nacional Electoral (CNE) no estuvo en capacidad de detectar las firmas falsas que las organizaciones políticas presentaron en el proceso de inscripción.
Para verificar que las afiliaciones y adhesiones presentadas por las organizaciones políticas eran auténticas, el organismo cuenta con dos filtros: el primero es una comparación electrónica y el segundo una verificación manual.
Ninguno de estos pasos (ver infografía), al parecer, pudo detectar las centenares de afiliaciones fraudulentas que hoy dan forma al registro de partidos y movimientos políticos del siglo XXI.
A pesar de que el presidente Rafael Correa, en la última sabatina, aseguró que habrá organizaciones políticas con el 70% de rúbricas adulteradas, el CNE todavía se niega a dar cifras que detallen la magnitud de este escándalo.
Su titular Domingo Paredes no sabe aún cuántas firmas falsas se registraron, cuántas tiendas políticas están salpicadas por las denuncias ciudadanas ni en qué parte del proceso de verificación el organismo que él dirige falló.
Todo se maneja con hermetismo. El único anuncio es que a partir de hoy habrá una revisión manual del proceso de inscripción.
Mientras tanto, cientos de personas se acercaron ayer hasta las delegaciones del organismo electoral para denunciar que constan como afiliados de organizaciones políticas, sin que lo hayan consentido. El centro de sus críticas ha sido el supuesto fracaso del organismo electoral, por no haber detectado que sus rúbricas fueron adulteradas.
Si bien para el CNE este es un caso de “responsabilidad compartida”, el artículo 320 del Código de la Democracia señala que el organismo electoral es el responsable de comprobar la autenticidad de la información entregada por partidos y movimientos.
El CNE ha tratado de llamar a la calma a la ciudadanía. En primer lugar ha descartado que la fecha de las elecciones (17 de febrero del 2013) se vaya a posponer. Adicionalmente, dijo que se ha emprendido un proceso de auditoría interna para establecer dónde fue la falla en la cadena de la verificación de las firmas. Esto incluye la revisión del sistema informático que debió usarse para cotejar la firma que supuestamente dio el ciudadano para afiliarse con la del padrón electoral. El personal al frente de esta tarea (120 operadores y 3 grafólogos) están bajo investigación interna.
El ‘software’ fue instalado en el 2009, durante la administración de Omar Simon, y se utilizó para revisar las firmas de las revocatorias de mandato que se realizaron hasta el año pasado y para verificar el proceso de reinscripción de las cuatro primeras organizaciones políticas en hacerlo: MPD, PRE, A. País y el PSP.
“Lo importante es que el CNE revise cuáles son las causas para que esto haya sucedido. Habría que revisar si esas rubricas (las falsas) pasaron el control electrónico”, advierte Simon.
Dice que ese sistema informático tiene un porcentaje de error, pues un ciudadano no siempre firmará de forma exacta. “Lo importante es identificar que los rasgos grafológicos coincidan”.
Para el ex vocal electoral Fausto Camacho, la responsabilidad primaria es de los partidos políticos, pues si alguien “usurpa la identidad es responsabilidad de quien lo hace”. Si bien explica que el CNE actúa con la “presunción de validez”, reconoce que pudo haber sido una falla del sistema informático y una falla humana. “En el país no existen suficientes grafólogos, la verificación la hace personal (no especializado) que recibe una capacitación”.
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El equipo de 120 personas encargados del proceso de verificación de las firmas está en la mira de vocales del CNE, partidos políticos y ciudadanos incómodos.
Ellos trabajan en el subsuelo del CNE, adonde la prensa puede acceder solamente para hacer tomas, están prohibidos de dar declaraciones públicas.
Sin duda, el proceso de verificación es el centro de la polémica. Por eso, políticos como Gustavo Larrea (Participación) y el ex presiente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, sospecha de la agilidad con la que algunos partidos fueron calificados. “Los filtros del CNE fallaron y el ‘software’ fue deficiente”, dice Larrea, a la vez que sostiene que los perjudicados con esta estafa son aquellas organizaciones que sí realizaron un trabajo de acercamiento a los ciudadanos.
Pero la actual vocal electoral Nubia Villacís insiste en la responsabilidad de las organizaciones políticas. Cuando se entregan los documentos para inscribir a una organización, su representante legal declara bajo juramento que “asume la responsabilidad sobre la veracidad de la información”. Adicionalmente, comenta que en los formularios de afiliación se certifica que las firmas corresponden a las personas que supuestamente les otorgó el apoyo político y democrático.