La Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea recibió el 4 de mayo de 2018 a los familiares del equipo periodístico secuestrado y asesinado en la frontera norte. Foto: Cortesía Asamblea Nacional
39 días después del secuestro y desaparición del equipo periodístico de diario EL COMERCIO, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron recibidos en la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, en Quito. Ahí revelaron las acciones que las autoridades ecuatorianas les informaron, día a día, hasta el 13 de abril del 2018, cuando el Régimen anunció que los tres habían sido asesinados.
Entre las principales observaciones que presentaron, la mañana de este viernes, 4 de mayo del 2018, está el hecho de que pasaron 19 días para establecer un diálogo oficial entre Ecuador y Colombia para conversar sobre el secuestro y el posible rescate de periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.
Los familiares señalaron que, debido a la falta de acciones de la Cancillería, buscaron entablar directamente un acercamiento con las autoridades de Colombia, donde los tres se encontraban secuestrados, y que por eso viajaron a la Cumbre de las Américas, en Lima, el 11 de abril. Sin embargo, antes de que se instalara la cita continental, el 12 de ese mes, tuvieron que retornar a Quito, porque había información sobre los secuestrados.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, encontró contradicción entre las declaraciones que se ofrecieron esa noche en Quito, cuando el entonces ministro del Interior, César Navas, no confirmó la veracidad de fotografías de los cuerpos, mientras en Lima, horas antes, ya le daban las condolencias. “Personal se acercó a darnos el pésame y todavía no conocíamos una versión oficial de lo que pasaba”, antes de regresar al país.
En Lima estuvo la canciller María Fernanda Espinosa. Una de las preguntas que se hizo Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo, fue ¿qué hizo y qué hace la Cancillería para rescatar los cuerpos de sus seres queridos?
Los familiares también revelaron que no fueron consultados por el Gobierno sobre el anuncio hecho por Moreno la noche de ese 12 de abril, cuando dio un plazo de 12 horas a los captores para que presentaran una prueba de vida, cuando ya existían fotografías.
También se conoció que minutos antes de que el presidente Moreno confirme la muerte de los comunicadores, hubo un enfrentamiento entre el exministro del Interior, César Navas, y Ricardo Rivas. Esto porque minutos antes de que se dé a conocer la noticia al país, las autoridades informaron a las familias de la existencia de un nuevo comunicado en el que se afirmaba que Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra fueron asesinados, pero que el Gobierno estaba confirmando la información.
“Tuve que enfrentarle al ministro Navas para que no nos engañe y nos diga la verdad y nos dijo que estaba confirmado. Tuvimos que llegar a eso”, relató el hermano de Paúl, quien se ha convertido en uno de los voceros de las tres familias afectadas.
Los parientes de Javier, Paúl y Efraín presentaron un informe detallado de lo que vivieron (y viven) desde que se enteraron del secuestro del equipo periodístico. Por ejemplo, ante la falta de información oficial y de acciones visibles, el 6 de abril del 2018 buscaron hablar con otra autoridad del Gobierno que no sea César Navas. Ahí se consigue una cita con Moreno que se concretó días después. Esto, debido a que la familia de Javier Ortega amenazaba con iniciar una huelga de hambre frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
Finalmente, solicitaron la desclasificación de la información del caso. Esto fue ofrecido por el presidente Lenín Moreno el 13 de abril. Además, según contaron, es parte de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante un pedido presentado con antelación.
Según Yadira Aguagallo, no han podido acceder a las pertenencias de las víctimas que dejaron en el hotel en el que se hospedaron en Esmeraldas antes de su secuestro. Tampoco conocen sobre los resultados de pruebas realizadas al contenido de un correo electrónico que fue enviado por los captores. “Se trataba de un mail con videos, fotos y una nota escrita a mano, realizada por Paúl Rivas” el cual llegó a un periodista de un periódico de Ecuador y a Yadira Aguagallo, consta en el informe presentado por los familiares.
Ricardo Rivas señaló que mucha información no se hizo pública antes por temas de seguridad. Sin embargo, criticó el manejo del caso por parte de los funcionarios. “Ya estoy harto de que se sigan tapando muchas cosas”, dijo
En la sesión de la Comisión de Fiscalización también estuvieron Galo Ortega, padre del periodista Javier, y Cristian y Patricio Segarra, hijos del conductor Efraín.
Los familiares consideran que hubo falta de información y de acción por parte de María Fernanda Espinosa, César Navas y Patricio Zambrano, los dos últimos exministros del Interior y de Defensa. Por ello, solicitaron en la Asamblea que se fiscalice a los tres y que se controle políticamente los actos del Ejecutivo en este caso.
Pese a que Navas y Zambrano renunciaron a sus cargos, la Ley de la Función Legislativa permite entablar un juicio político hasta un año después de que los funcionarios hayan dejado sus puestos.
Paola Vintimilla, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), señaló la necesidad de que la Ministra de Relaciones Exteriores renuncie. Fernando Flores, de Creo, también comprometió el trabajo de la Comisión para investigar y aclarar lo sucedido.
En la sesión también estuvo el catedrático Fernando Carrión, quien hizo una exposición titulada Narcotráfico, conflicto colombiano y frontera norte. Ahí entregó datos sobre la realidad del Ecuador. Detalló, por ejemplo, que en el año 2016 se capturó 112 toneladas de narcóticos. El 18% estaba destinado para el mercado interno. También sostuvo que hay estimaciones de que en el país se lavan cerca de USD 4 000 millones al año.
En su presentación destacó las particularidades que hacen que Ecuador sea un territorio en disputa para el control del tráfico de drogas tanto a Estados Unidos como a Brasil.
