El juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba Rodríguez, adoptó dos fallos jurídicos sorpresivos.
El viernes pasado aceptó la acción de medida cautelar que dejó sin efecto el acto administrativo con el cual, el entonces presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos, suspendió a los jueces del Tribunal II de Garantías Penales de Pichincha. Esta instancia condenó la semana pasada al coronel Rolando Tapia y a otros cinco uniformados, ex miembros de la Escolta Legislativa, por haber atentado contra la seguridad del Estado el 30-S.
La madrugada de ayer, Coba ordenó la destitución de Cevallos por presunto incumplimiento de funciones. El fallo se dio luego de que se acogiera una acción constitucional, también de medidas cautelares, interpuesta por Juan Pablo Hernández, quien pidió ser restituido como juez de Garantías Penales.
Estas dos acciones terminaron por beneficiar al Gobierno. Por un lado, sacó de juego a Cevallos, el hombre que, en el último año, se llevó todos los cuestionamientos del oficialismo por su supuesta mala administración de Justicia. Al tiempo que con el regreso de los jueces del Tribunal II de Garantías el fallo contra Tapia y los cinco uniformados se mantiene en firme. Así lo aseguró el juez Luis Manosalvas, para quien la resolución de Cevallos, de suspender la semana pasada a los jueces del Tribunal, fue “diminuta y apresurada”.
La sentencia contra los uniformados está caminando con normalidad y se pondrá en firme hoy. Dijo que los acusados podrán presentar los recursos que consideren pertinentes para cuestionar la sentencia.
El presidente del Tribunal II, Renato Vásquez, insistió en que “actuamos jurídicamente para que nuestra decisión quede blindada y sea respetada”.
Dijo que los argumentos que presentaron, ante Coba, para cuestionar la suspensión de Cevallos fue una supuesta interferencia en la independencia interna de los jueces. Los funcionarios atendieron con normalidad ayer, en sus oficinas.
En las oficinas del Consejo de la Judicatura hubo hermetismo. Por la mañana, sus vocales tenían previsto reunirse en Guayaquil. Pero la situación de Cevallos impidió que hubiese quórum.
Hacia la tarde se intentó una renueva reunión en Quito. Las cartas, al parecer, estaban echadas. Cevallos salió en un carro rojo del edificio evadiendo a la prensa. Herman Jaramillo se aprestaba a asumir la Presidencia.
El vocal Ulpiano Salazar dijo que la Ley del Código de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución establecen que un juez puede disponer la destitución de un funcionario público que no acata las decisiones que se dictan dentro de los proceso de protección constitucional. En esas circunstancias asegura que la decisión del juez Coba debe ser acatada de inmediato. Pero el jurista y conocedor de temas constitucionales, asegura que un reciente dictamen de la Corte Constitucional dio marcha atrás con estas atribuciones contempladas en la Ley de Garantías vigente. “Si seguimos ese dictamen que crea jurisprudencia, Cevallos no puede ser destituido. En todo caso, la administración de justicia en el país es un desorden”.
Un nuevo titular
A las 17:00 de ayer el vocal Herman Jaramillo asumió la Presidencia de la Judicatura tras la destitución de B. Cevallos.
El nuevo titular dijo que con ocho de los nueve miembros de la Judicatura hay quórum que permite que el Pleno sesione.
Jaramillo añadió que en la destitución de Cevallos no hubo un debido proceso. Por ello anticipó que dependiendo de su defensa pudiera regresar al cargo.
A las 19:00 Cevallos abandonó el Consejo en un auto rojo, sin escoltas y sin dar declaraciones.