Varios sectores se siguen pronunciando o emitiendo opiniones sobre el proceso de elaboración del proyecto de la Ley de Comunicación. Este es el caso de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central (Facso) del Ecuador y de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas.
En un comunicado dado a conocer ayer, la Facso plantea que la existencia de una Ley de medios no garantiza la democratización de la comunicación como establece la Constitución. Para que esto se cumpla plantean la observancia y vigencia de puntos que son parte de la Carta Magna.
Allí destacan, por ejemplo, los derechos de los pueblos y nacionalidades del país a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa… El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. El acceso -en iguales condiciones- al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios en un 33,33% cada uno y en bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
Por último se refiere a la profesionalización de comunicadores y periodistas, puesto que, “para que la población ejerza sus derechos, se requiere de profesionales que se conviertan en los garantes de los mismos”.
Uno de los temas que preocupa a este centro de estudios es “la posibilidad de que se constituya un ente regulador con facultades punitivas, que supervise la difusión de contenidos de los medios de comunicación y que se pretenda penalizar los llamados delitos de opinión, desacatando el artículo 66 de la Constitución…”.
“Esta parte de la norma garantiza a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente, y en todas sus formas y manifestaciones”.
De igual forma, la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Núcleo del Guayas, recuerda que en varias oportunidades presentó sus criterios y observaciones a la Ley. Por ejemplo, calificó como no aceptable la fórmula para integrar el Consejo de Regulación, ya que, como está planteado, sería perjudicial que el Gobierno tenga mayoría en el interior de ese nuevo ente regulatorio.
En su misiva emitida ayer, la regional de la UNP solicita la presencia de actores independientes en el proceso de debate de la Ley. Esto es vital “para evitar la manipulación política, cumpliendo su tarea, humana, ética, moral, social de regular los contenidos y que los productos informativos sean de calidad, que eduquen, orienten y entretengan sanamente, sin irrespetar o faltar a los postulados de la libertad de expresión, y de responsabilidad ulterior”.
Estos, señala el comunicado, son principios que estarán garantizados con la intervención de periodistas y comunicadores sociales profesionales en el ejercicio diario de estas actividades.