Rafael Correa anunció el 15 de agosto del 2013 la ejecución del Plan B, al dejar sin efecto la iniciativa Yasuní-ITT, propuesta ante la ONU en el 2007, la cual buscaba dejar bajo tierra 920 millones de barriles de petróleo de los campos petroleros Ishipingo-Tambococha y Tipunini (ITT) en el Yasuní.
La cifra de fondos disponibles depositados en los fideicomisos alcanzó a USD 13,3 millones. Es decir, solo el 0,37% de los USD 3 600 millones esperados como compensación de la comunidad internacional por dejar el crudo bajo tierra.
La resolución de dar paso a la explotación petrolera generó protestas en varias ciudades del Ecuador enfrentando físicamente a ciudadanos con la Policía.
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En el 2011 trascendió que la petrolera Chevron-Texaco estuvo dispuesta a aportar dinero para la iniciativa Yasuní-ITT a cambio de que el Gobierno abandonara el multimillonario caso que colonos e indígenas le siguen por contaminación en la Amazonía.
Ese mismo año, la Corte de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar USD 18 200 millones, fallo ratificado en 2013, aunque con una reducción de la indemnización a USD 9 500 millones.
Desde el 17 de septiembre del 2013, el Presidente impulsa la campaña ‘La mano sucia de Chevron’, para recordar el impacto ambiental de la operación de la petrolera en la Amazonía. Aquello ha sido considerado contradictorio con su decisión, validada en la Asamblea, de dar pasó a la extracción de crudo en el Yasuní-ITT.
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