31 de January de 2012 00:01

Las espadas despiertan diferencias en ex AVC

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Rosa Mireya Cárdenas, secretaria de Pueblos, no quiso pronunciarse sobre la polémica generada en torno a la entrega de las espadas de los generales Eloy Alfaro y Pedro J. Montero al presidente de la República, Rafael Correa.

Su asesora de prensa, Rosa Solórzano, indicó que ese tema no le competía a esa Cartera y que, en ese caso, el encargado de la vocería era el asesor Patricio Baquerizo, también miembro de Alfaro Vive Carajo (AVC).

El viernes 27, Cárdenas hizo la entrega formal de estas armas, como delegada de AVC, a los representantes en Manabí del Ministerio Coordinador del Patrimonio y del Instituto Nacional de Patrimonio. Así consta en el acta de entrega recepción.

El sábado en Montecristi (Manabí), al cumplirse 100 años del crimen contra Eloy Alfaro y sus tenientes, la secretaria Cárdenas dijo a Correa, en el acto solemne: “Las espadas son entregadas en esta fecha especial, pero deben seguir desenvainadas para garantizar la continuidad de la revolución ciudadana, que es en definitiva la continuidad de la revolución alfarista”.

La espada de Alfaro es dorada y mide 93,5 x 12,4 cm y no puede ser desenvainada por ahora, pues para ello debe pasar por un proceso de recuperación metálica. Lo indica Joaquín Moscoso, asesor en temas de Patrimonio Cultural, del Ministerio Coordinador.

Él contó que al contrastar la espada de Alfaro con la de Pedro J. Montero, plateada, de 98 cm x 11 cm, con las fotografías de las armas que los AVC se sustrajeron del Municipio de Guayaquil, se confirmó que eran las originales.

Juan Cuvi, ex combatiente del AVC, no solo critica a la secretaria y a sus ex coidearios por haber cambiado esas armas por cargos. También les exige que informen quién las custodió y qué datos hay para confirmar que, en realidad, son las que el colectivo sustrajo.

El asesor Baquerizo evita dar detalles al respecto, solo repite que son las originales y que estuvieron custodiadas por personas idóneas, gente respetable de la sociedad y leal.

Descarta devolverlas al Municipio de Guayaquil porque “fueron recuperadas de manos de la oligarquía”, representada en ese Cabildo. Sostiene que no podían “retenerlas por eternas memorias”. Y debían entregarlas cuando haya un proceso de cambio y reforma en Ecuador, “eso está siendo impulsado por Rafael Correa, que representa al pueblo”.

Además, Baquerizo arremete contra Cuvi. Recuerda que no estuvo de acuerdo con su idea de devolver las armas de AVC, el 26 de febrero de 1991. Señala no saber qué ofreció Cuvi a cambio y afirma que al contrario del gobierno de Rodrigo Borja, el de Correa “sí ha reconocido el aporte que los ex AVC pueden dar en cargos”. Cuvi resalta que la decisión de dejar las armas para reinsertarse en la sociedad se hizo luego de dos años de conversaciones. Y que Cárdenas fue parte del acuerdo y que entonces jamás pidieron puestos públicos.

Las críticas por la entrega de las espadas vienen de un sector de los ex AVC que no colaboran con el Gobierno. Cárdenas, quien tuvo un hijo con Fausto Basantes, subcomandante abatido, dirige la Secretaría de Pueblos. Baquerizo la asesora; Édgar Frías, otro insurgente, es su subsecretario de Participación. Edwin Jarrín, hermano de Miguel, otro ex guerrillero casado hoy con Cárdenas, está al frente de la Subsecretaría de Transparencia y su esposa, Soledad Buendía, es funcionaria del Ministerio de Coordinación Política. “Pueden ocupar cargos públicos a título personal, no a nombre de AVC, que ya no existe”, reclama Natalia Sierra, otra ex integrante del colectivo, que en los ochenta tuvo 350 militantes.

Ella tampoco apoyó la entrega de las armas, pero, dice, hasta “dimos el uniforme que usó Arturo Jarrín, su comandante, pero no el legado del pueblo”. Y me-nos a un Gobierno que “ no es revolucionario ni de izquierda, que despide al pueblo, que persigue a los movimientos sociales, que tiene funcionarios vinculados al PSC, que dice que Dahik no hizo nada”.

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