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Philippe Vanhuynegem: ‘Derechos laborales no se deben poner en cuarentena’

Philippe Vanhuynegem, director de OIT para los Países Andinos. Foto: cortesía OIT

Philippe Vanhuynegem, director de OIT para los Países Andinos. Foto: cortesía OIT

Philippe Vanhuynegem, director de OIT para los Países Andinos. Foto: cortesía OIT

Entrevista a Philippe Vanhuynegem, director de OIT para los Países Andinos

La pandemia ya deja en Ecuador a un millón de desempleados. ¿Por qué jóvenes y mujeres están llevando la peor parte?

En primer lugar, aquellos jóvenes que tenían empleo antes de la pandemia se desempeñan en algunos de los sectores más afectados por la crisis: comercio, manufactura; inmobiliario, actividades empresariales y administrativas, y hotelería y alimentación. En esos sectores la participación de las mujeres es importante y llega a superar el 50% en el caso de la hotelería y alimentación. En segundo lugar, porque mayoritariamente se desempeñan en el sector informal, lo que los expone a una situación de particular vulnerabilidad al no tener seguridad social.

¿Qué tan desprotegidos están ellos?

Para el 2015 y en los países donde existe información disponible, menos de la mitad de los jóvenes ocupados declararon ser cotizantes de los sistemas de pensiones (42,4%) y de los seguros de salud (49,1%). Son niveles de protección social muy inferiores a los de la población adulta. Además, según encuestas realizadas en los primeros meses de la pandemia, más de 1 de cada 6 jóvenes ha dejado de trabajar desde que surgió la crisis. En el caso de los jóvenes que han mantenido su empleo, sus horas de trabajo bajaron 23%. Y, alrededor de la mitad de los jóvenes alumnos han dicho que probablemente concluirán sus estudios con retraso, y el 10% prevé que no podrán terminarlos.

¿Y sobre las mujeres?

Son las que muy posiblemente tengan que soportar la carga de las tareas de cuidado frente al cierre de escuelas y otras áreas de cuidado. Eso dificultará aún más su acceso a empleos de calidad.

¿Esos efectos pueden convertirse en duraderos?

La baja participación de los jóvenes, sumada a la prevalencia de la informalidad, constituía un serio desafío para el futuro de las políticas de empleo y protección social que se pensaban en América Latina antes de la pandemia. Lamentablemente, esta crisis sorprende a Ecuador, así como a muchos otros países de la región, a mitad de camino en diferentes políticas de reforma que intentaban mejorar la cobertura de la protección social. No es arriesgado asegurar, entonces, que esta crisis viene a profundizar serios problemas preexistentes y ha puesto un freno a aquel avance. Las posibilidades de que Ecuador pueda recuperar terreno, hacer que las dificultades sean transitorias y retomar el sendero de mejoras dependerá de las posibilidades de recuperación económica y el espacio fiscal.

¿Cómo se puede corregir esta situación?

Existe la necesidad de aplicar lo antes posible medidas para evitar que los jóvenes pasen a constituir una “generación de confinamiento”. La crisis tendrá consecuencias a largo plazo, a menos que se realicen las intervenciones normativas pertinentes para mejorar su situación. Durante un período de tiempo que seguramente no será muy corto se deberán extremar los recaudos para poner en marcha políticas efectivas, ya que el espacio fiscal para políticas que amortigüen los efectos de la crisis será exiguo.

¿Y en el caso de Ecuador?

Ecuador está entre los países con mayor dependencia fiscal de los recursos petroleros. Tomando nota de la caída esperada en los recursos fiscales, las limitaciones para endeudarse y para conseguir financiamiento, se cree necesario girar la mirada hacia las posibilidades de ampliar el espacio fiscal mediante el incremento en la recaudación tributaria con mecanismos que afecten lo menos posible la necesaria recuperación económica. Pero cualquiera que sea la solución, será necesario lograrlo con un debate amplio con los actores de la economía real.

¿Qué salidas están aplicando otros países?

Medidas destinadas a mantener en pie a las empresas. Con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores, se han tomado políticas como el aseguramiento de los ingresos ante ausencias laborales, prohibiciones de despido y otras. Y para garantizar los ingresos de trabajadores informales y hogares vulnerables se dieron bonos. Esto último, en línea con la Recomendación 202 de la OIT sobre los pisos nacionales de protección social. Esta pandemia nos enseña que la protección social es una necesidad humana, económica y social, necesaria para garantizar el progreso y la sostenibilidad de las economías. Conversamos de estos temas esta semana con el ministro de Trabajo, Andrés Isch. Confirmó su voluntad de contar con el acompañamiento de OIT para luchar contra la informalidad, garantizar la protección de los trabajadores, promover políticas de empleo en especial para jóvenes y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones frente a la OIT.

¿Cómo hallar un equilibrio entre una salida a la crisis y la protección de los derechos del trabajador?

Los derechos laborales no deben ponerse en cuarentena. La actual crisis global no afecta por igual a todos: es la población empobrecida, a los microempresarios y trabajadores autónomos e informales a quienes más afecta y, entre ellos, sin duda están los más jóvenes, las mujeres y las personas de edad avanzada. Otro aspecto para hallar ese equilibrio dinámico es la promoción del diálogo a nivel nacional, sectorial, departamental y en los propios centros del trabajo y sectores golpeados por la crisis. Construir un equilibrio sostenible para la salida de la crisis requiere profundizar la democratización social y de las relaciones laborales.

¿Cuáles son los límites de la flexibilización laboral en medio de la crisis?

Los límites debieran ser determinados a través de la consulta, participación, negociación y diálogo. La Constitución de Ecuador establece un principio básico de justicia y es la no regresividad de los derechos laborales. El límite podría también fijarse poniendo en el centro el bienestar de las personas y, por ende, el no contribuir más a la profunda desigualdad social que aqueja a la región. La salida a la crisis solo puede estar basada en el trabajo decente.

¿Cómo garantizar la equidad en el acceso a teletrabajo?

Es importante que el teletrabajo sea parte de la política pública, lo que nos lleva a reconocer los retos que implica y es avanzar con una mayor cobertura de internet de banda ancha, pero también garantizar que los costos de conectividad sean accesibles a todos. En su concepción más tradicional, es el empleador quien tiene que proveer los insumos de trabajo (incluyendo un computador) y pagar los costos de conectividad, ya que estamos frente a una relación laboral directa. Las empresas podrían proveer los equipos o financiar el costo del internet, pero no hay que dejar de lado que hay muchas regiones de América Latina que no tienen cobertura de banda ancha. Por eso, hay que avanzar en inversiones por parte de los Estados para cerrar la brecha digital. Pero, además de ello, es necesario que los sistemas educativos o de formación técnica incluyan el desarrollo de competencias laborales para hacer teletrabajo de manera productiva. No solo se trata de tener un equipo y de tener conexión a internet.

¿Qué cambios se avecinan o se acelerarán en la etapa poscovid? ¿Cómo hacer que esos cambios generen sociedades más justas?

La etapa poscovid nos da la oportunidad de construir un futuro del trabajo sobre la base de las lecciones que estamos aprendiendo y avanzar en la construcción de un mundo del trabajo con mayor formalidad, con acciones para el cierre de brechas de género y brechas digitales y con mayor protección social, con mayor cumplimiento de los derechos y con mayores oportunidades de desarrollo de empresas sostenibles.

Formación. Magíster en Economía y Econometría por la Universidad de Bruselas (ULB) en 1995.

Experiencia. Comenzó su carrera en la OIT como Experto Asociado en Seguridad Social en África del Oeste en 1997 y, luego, en los Países Andinos. Trabajó en la sede global de la OIT, ubicada en la ciudad de Ginebra, como Experto Regional en Materia de Desarrollo de Mutuales, Cooperativas y Lucha Contra la Exclusión Social, entre otros cargos.

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