La concesión de frecuencias radiales a 13 nacionalidades indígenas camina. Solo falta el aval del Ministerio de Telecomunicaciones y la adquisición de los equipos para que se concrete este proyecto impulsado por el Gobierno.
El 17 de agosto pasado, las nacionalidades entregaron sus documentos a Telecomunicaciones para adelantar el trámite que durará hasta finales de octubre. Mientras eso ocurre, se prepara la capacitación que recibirán los operadores y que estará a cargo de especialistas de Ciespal.
Hace un mes se inició un diagnóstico sobre las necesidades de los comunidades, para construir la malla curricular de la capacitación, que durará seis meses.
Según César Herrera, director técnico de Ciespal, estos talleres se enfocarán en ejes: formatos periodísticos, potenciales temas y en la enseñanza técnica de uso de equipos. La charlas serán dictadas en cada comunidad. “Vamos a respetar sus formas de comunicación, de intermediación. Eso es la pluriculturalidad”, dijo.
Para completar la capacitación, Ciespal aspira a que el Ministerio Coordinador de la Política y la Secretaría de Pueblos adquieran los equipos para montar las radios.
La Cartera de Estado inició con un proceso de licitación y existe un presupuesto deUSD 600 000. Está previsto que a finales de octubre las nacionalidades tengan los equipos. Esto coincidirá con la adjudicación de las frecuencias.
Sin embargo, en este proceso legal se han evidenciado problemas. Uno de ellos es que las comunidades deberán presentar un informe sobre la financiación de la futura emisora.
Para Gisella Dávila, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (Corape), este es un gran limitante. En la Ley de Radiodifusión, que está vigente hasta que se aprueba la ley de medios, se establece que las radios comunitarias no pueden tener publicidad para financiarse, pues su función es fines de lucro. Tampoco reciben recursos del Estado y deben invertir de sus fondos por su trabajo.
Según Dávila, esto debe cambiar. “El objetivo no es generar riquezas, sino poder financiar el trabajo de la radio. En la normativa no se reconoce nuestra existencia comunitaria. No somos públicos ni privados, nuestras funciones y operación son diferentes”.
Por ello, Corape presentó una propuesta para que en la ley de medios se modifique esta decisión. No obstante, en el proyecto no dice nada sobre el financiamiento; apenas “se señala que los medios comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sociales. No tienen fines de lucro y su rentabilidad es social”.
Además, que se reservará el 33% del espectro radioeléctrico de radio y televisión para los medios comunitarios de las frecuencias disponibles. Esta decisión pretende impulsar la creación de más medios de este tipo y que el Estado intervenga directamente.
Eso es uno de los temores que también existe sobre el proyecto gubernamental. La Conaie ha anticipado que esas radios pudieran ser usadas para fines políticos.
Ese temor de la Conaie tiene ejemplo en el continente. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales inició un proceso de consolidación de radios comunitarias, vinculadas principalmente con los grupos indígenas y amazónicos.
Según Ana Limachi, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, hasta el 2007 había 52 radios afiliadas al grupo y hoy hay más de 120. Pero más de 1 000 no están afiliadas y otros tanto pugna por una frecuencia.
Rolando Bueno, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, señaló a la agencia Pulsar, que muchas radios han sido usadas para “repetir el discurso oficial (…). Estamos entre la espada y la pared, los medios privados no nos dan cobertura, porque nuestra información afecta sus intereses y los medios estatales no nos permiten manifestarnos cuando estamos en contra de alguna política del Gobierno”.
Alexandra Ocles, secretaria de los Pueblos, aseguró que el Gobierno central y los seccionales podrán difundir sus informaciones en las radios dadas a las comunidades. Por eso José Acacho, de la Federación Shuar, cree que la intención del Régimen es distraer a los indígenas. “Es un proyecto demagógico y populista”.
Mientras que Tito Puenchir, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, sostuvo que se debería dejar claro cuál será el propósito de las radios, para que el Gobierno no pueda intervenir y no afectar este derecho de las comunidades .
