Fue una escena digna de un libreto político armado con anticipación. Martes 10 de julio, a las 10:00, en la sala de sesiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Rommel Garzón, periodista de Gamatv, canal incautado por el Gobierno, esperó que la autoridad de la función electoral y la del Registro Civil anunciaran la firma de un convenio -similar a los que siempre se suscriben en cada proceso electoral- para hacer la pregunta del millón.
Garzón mostró a Domingo Paredes, presidente del CNE, un afiche de papel con la imagen de Guillermo Lasso, el otrora influyente banquero que promociona su imagen como una antesala de su candidatura a la Primera Magistratura del país.
Paredes tomó el afiche de Garzón y con la voz de una autoridad que ejerce control aseguró que todo lo que huela a campaña electoral será descontado de los gastos de publicidad de los candidatos, una vez que estos se inscriban. A Paredes no le quedaba duda de que Lasso estará en la lid del próximo año y que, por tanto, la factura de la supuesta campaña anticipada será una realidad.
La rueda de prensa tomó, sin embargo, otro rumbo, cuando el periodista de diario El Universo, Paúl Romero, preguntó a Paredes si la misma advertencia se aplicará con el presidente Rafael Correa que, conocido el interés de Alianza País porque se candidatice a la reelección, es el centro de una campaña televisiva de similares objetivos a la de Lasso.
Paredes esta vez titubeó. No solo habló de la delgada línea que divide al personaje político del funcionario público que da cuentas de su gestión y que por ello el control puede resultar ambiguo.
Luego devolvió a Romero la misma pregunta, pidiendo que el reportero interpretara la confusión legal en la que se encuentra inmerso el CNE a la hora de fiscalizar al Presidente de la República y sus cuñas en TV.
Ni para Paredes ni para Romero las cosas quedaron claras. Fue Fabricio Vela, reportero de TC Televisión , otro de los canales incautados, quien le replicó a la autoridad electoral que las cosas quedaron igual de confusas que al inicio de la rueda de prensa.
Confusión y ambigüedad. Estas dos palabras resumen el papel que Paredes y el CNE desempeñaron esta semana a propósito de los anuncios electorales.
Si la reprimenda a Lasso y las justificaciones a Correa resultaron polémicas, más fue su pedido a la Corte Constitucional para que echara abajo las medidas cautelares que impiden la aplicación del veto electoral al Código de la Democracia.
Paredes manejó la solicitud sin la pompa de las cámaras de televisión, los boletines y las ruedas de prensa organizadas por su equipo de comunicación. Y en la Corte Constitucional, una aplastante mayoría de seis votos contra dos resolvió, en una sesión de dos horas, acoger el pedido de Paredes. Él dijo que las medidas cautelares, vigentes desde febrero pasado, impedían el normal desempeño de las actividades electorales de cara al proceso del 2013.
Patricio Pazmiño, el titular de la CC, fue claro con la decisión que se adoptó la tarde de jueves, que incluye la inmediata restricción a la prensa de publicar reportajes electorales y la vigencia del cuestionado método D’hondt -que fue declarado inconstitucional en el 2004, para asignar escaños. “Ya están en vigencia porque estamos en período electoral”.
Paredes, quien despachó este fin de semana desde Ibarra, dio una interpretación confusa a lo actuado por la CC. Para él, el fin de las medidas cautelares solo se aplica para poner en vigencia el método D’hondt, no para afectar a la prensa. Su explicación generó la crítica de sectores políticos de oposición que ven en el CNE un espacio obsecuente a la agenda política del oficialismo, pero duro y provocador con la oposición y con la prensa independiente.