El Ejecutivo envió cinco objeciones en temas laborales
El presidente Lenín Moreno, remitió su veto y presentó al Consejo Asesor Económico. Foto: cortesía Presidencia
Las relaciones entre empresarios y trabajadores vuelven a debate en la Asamblea, después de que ayer, 9 de junio del 2020, el Ejecutivo remitiera 32 observaciones a la Ley de Apoyo Humanitario, que busca mitigar la crisis derivada del covid-19.
El presidente Lenín Moreno señaló que el veto enviado persigue cuatro objetivos: reforzar el apoyo a las familias, sostener el empleo, incentivar la producción y asegurar la provisión de servicios.
Dos de los temas más sensibles tienen que ver con la reducción urgente de la jornada laboral y los contratos especiales emergentes.
Pese a los ajustes realizados por el Ejecutivo, los sindicalistas ratificaron su postura en contra, mientras que el Comité Empresarial Ecuatoriano no se pronunció sobre el tema hasta el cierre de esta edición.
José Villavicencio, uno de los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), advirtió que el gremio continuará con las acciones para que esta norma sea derogada.
“Nosotros nos ratificamos en que esta es la Ley de la esclavitud, que garantiza la flexibilización laboral y vulnera los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, expresó el representante.
En la Asamblea, Alianza País (AP) y Creo adelantaron que el veto del Ejecutivo mejora el proyecto que fue aprobado por esta Función el 15 de mayo pasado, con 74 votos que provinieron de estos bloques y de asambleístas independientes.
“Los sindicatos tienen que comprender que no se crea nuevas modalidades de contratación, sino que es algo temporal por la crisis”, precisó el oficialista Fausto Terán, integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores.
Para la reducción de la jornada laboral, el Ejecutivo planteó que esta modalidad podrá efectuarse durante un año, con la posibilidad de renovarse por el mismo período, por una sola ocasión. El proyecto de la Asamblea, en cambio, estipulaba un plazo de dos años, renovable por el mismo plazo.
“Yo pienso que se han mejorado las condiciones para las relaciones laborales y se deja clarísimo que deben ser acuerdos bilaterales. Se tiene que hacer una solicitud expresa”, sostuvo el asambleísta Homero Castanier, de Creo.
En relación al contrato especial de emergencia, el presidente Moreno también propone que se contemple como mínimo 20 horas semanales y un máximo de 40, distribuidas en un techo de seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias. Además, se debe tener 24 horas consecutivas de descanso.
De igual forma, determinó que, en caso de que se requiera renovar esta contratación, pasará a ser definitiva.
Otro de los nudos críticos tiene que ver con una disposición para interpretar el artículo 169 del Código del Trabajo. Este se refiere a la causal de fuerza mayor para la desvinculación de empleados.
El texto añade que habrá imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de ejecutar la actividad que es objeto del contrato laboral, siempre que esta sea consecuencia del caso fortuito o de fuerza mayor y, por tanto, no atribuible al empleador.
La asambleísta Mónica Alemán (RC) sostuvo que con el veto “se deja la puerta abierta para que los despidos que se han producido en el marco de la emergencia sanitaria estén totalmente avalados y protegidos por este artículo”.
El veto también abarca a las medidas solidarias que fueron aprobadas por la Asamblea frente a la crisis. Por ejemplo, que no habrá incremento de las tarifas de los servicios básicos (incluyendo la telefonía) hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción.
En cuanto a la educación, los padres de familia cuyos hijos estudien en centros privados y que hayan perdido su trabajo recibirán apoyo para reducción de la pensión y, si deciden retirar a sus hijos, tendrán garantizado un cupo en el sistema público, según la propuesta. Se contempla la posibilidad de que los planteles puedan hacer una reducción de sus pensiones de hasta el 25%.
La Asamblea tiene 30 días para resolver sobre las observaciones presentadas por el Ejecutivo, previo al envío del texto al Registro Oficial.
Castanier, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, anunció que esta mesa se reunirá entre lunes 15 y martes 16 de junio de la próxima semana para preparar el informe para debatirlo en el Pleno.
Terán apuntó que “lo más probable” es que la Asamblea se allane a todas las observaciones del Ejecutivo, pues por la correlación de fuerzas políticas no existen los 91 votos que se requerirán para que se ratifiquen los artículos aprobados inicialmente.
El Ejecutivo no insistió en las contribuciones de empleados y empresas por la crisis.
El Parlamento también espera las observaciones del Ejecutivo al proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
En contexto
La Constitución y la Ley le otorgan 30 días de plazo al Parlamento para allanarse o ratificarse al veto presentado por el Ejecutivo. El proyecto fue aprobado con 74 votos de Alianza País, Creo y asambleístas independientes el 15 de mayo pasado.
Lo más relevante
No se podrá recortar los ingresos de los trabajadores a menos del salario básico, en caso de reducir la jornada laboral.
El contrato de emergencia podrá darse por un año con opción de ser renovado por una sola ocasión.
Se modifica las causas para desvinculación de empleados por fuerza mayor, del art. 169 Código de Trabajo.
Imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de la autoridad competente.
El teletrabajo en el sector público y privado podrá tener tres formas: permanente, parcial y ocasional.
Quienes se acojan al teletrabajo tendrán derecho a la desconexión, de al menos 12 horas consecutivas.
Serán eliminadas las pensiones para exmandatarios sentenciados por corrupción o que no terminen su periodo.
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