La decisión para que los productos ecuatorianos continúen ingresando al mercado estadounidense sin pagar aranceles se revisará otra vez el próximo mes.
En diciembre del año pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó una extensión de un año -con una revisión a los seis meses- de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) para Ecuador, Colombia y Perú. Bolivia quedó excluida de este beneficio.
Antes de tomar una decisión, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) abre un espacio para recibir comentarios sobre la situación de los países beneficiarios.
Y en función de la información recibida se decide si el país es elegible para recibir este beneficio, que es unilateral de EE.UU.
Entre los criterios que Estados Unidos exige a Ecuador y que se mencionan en el documento enviado al USTR se mencionan temas como el clima de inversión, asuntos laborales, propiedad intelectual, los esfuerzos antinarcóticos y el estado de derecho.
La Cámara Ecuatoriano-Americana, una de las entidades consultadas por el USTR, señaló en un comunicado que “la promulgación de la Atpdea, sin duda, ha dado resultados positivos, sobre todo en el caso de Ecuador, en donde ha contribuido en temas de generación de fuentes de empleo y esfuerzos antinarcóticos que, a lo largo de los años, han mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos”.
En la orilla opuesta está la petrolera Chevron, que mantiene un litigio legal con el Estado ecuatoriano. La empresa cree que el país no es elegible para la Atpdea, básicamente por el irrespeto a los contratos firmados. La petrolera recordó que el presidente Rafael Correa rechaza al Ciadi, que es un centro para arreglar las diferencias sobre inversiones.