Integrantes de la Ecuarunari hicieron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, para ser escuchados por el caso Kimsakocha. Foto: EL COMERCIO
La mañana de este jueves 29 de octubre del 2015, un grupo de representantes de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, presentó dos nuevos documentos para el proceso que la organización inició hace alrededor de cinco años, sobre la explotación minera en el sector de Kimsakocha, en la provincia de Azuay.
Carlos Pérez Guartambel, presidente de esta organización, acudió a la Corte Constitucional junto a otros líderes indígenas como Carmen Lozano y Katty Betancourt, para solicitar una audiencia con los jueces de este organismo, con el fin de explicarles la necesidad de realizar una inspección en sitios de explotación minera como Kimsakocha y Cóndor Mirador, para que puedan constatar el posible riesgo de los sistemas de agua en los lugares por donde circulan, según la Ecuarunari, ríos como El Chorro, Cristal, Bermejos, Irquis o Portete, por ejemplo.
Además, el grupo acudió a entregar un informe técnico-científico sobre el posible impacto ambiental a sistemas de agua, realizado por la firma francesa BRGM y que fue hecho para el Municipio de Cuenca.
Además, dejó en la Corte Constitucional el libro ‘Agua u oro‘, de su autoría, que originalmente fue publicado en marzo del 2013 y que este año fue traducido al alemán.
La comisión de la Ecuarunari llegó al sitio acompañada por un grupo de personas que aseguran fueron desalojadas violentamente del sector de San Marcos, en Tundayme, provincia de Morona Santiago, en donde se está realizando un nuevo proyecto minero.
Ellos están desde inicios de esta semana en Quito y han visitado varias entidades del Estado para denunciar la situación y exigir que les sean devueltos los terrenos y viviendas en donde habitaban y trabajaban. Ellos portaban carteles con frases sobre supuesta destrucción de caminos, caseríos y contaminación al agua en su comunidad.
Según Katy Betancourt, líder de mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, entre esta tarde y mañana continuarán realizando plantones en sitios como el Ministerio de Justicia, por ejemplo, para que sus pedidos sean escuchados.
Ambas agrupaciones indígenas están armando un frente común de poblaciones que se resisten a que se realice explotación minera en sus sectores, con el fin de proteger el medioambiente y la vida de sus comunidades. En noviembre próximo tienen previsto hacer foros y manifestaciones al respecto.
Según Pérez Guartambel, los pueblos que se niegan a la construcción de minas en sus territorios cuentan con un respaldo en la Constitución de la República y su mandato número seis, que prohíbe explotación en sitios donde se pruebe la existencia de fuentes de agua.