El malestar por el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) aún es evidente en el Gobierno. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, anunció que el país analiza la posibilidad de retirarse de esa organización.
Esta decisión no dependerá del Gobierno central sino de las organizaciones que están dentro del Consejo Antilavado, que lidera la Procuraduría.
El Gafi es un organismo apoyado por las 20 economías más grandes del planeta y fue creado para impulsar la lucha al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La semana pasada, Ecuador fue incluido en su lista de países que no tienen una política clara para aplacar estos dos delitos.
Patiño sostuvo que el organismo “no tiene la autoridad para calificar al Ecuador”. De nuevo, insistió en que en el país no hay terrorismo y que las leyes vigentes son las necesarias para combatir los ilícitos.
Por eso explicó, que el Gobierno no pedirá una rectificación a la Gafi. Pero que la semana pasada, se enviaron cartas de protesta a los 36 países miembros del organismo.
Además, recordó que los 29 gobiernos que estuvieron en la Cumbre del Grupo de Río se solidarizaron con el Ecuador por la inclusión en esa lista.
En tanto, ayer se confirmó la intención del procurador, Diego García, de exigir a esa entidad una rectificación. En ese sentido, Patiño explicó que la decisión de la Procuraduría es independiente del Gobierno central, pero que la respeta.
Para el ex canciller José Ayala Lasso, la salida de Ecuador de ese organismo no será inmediata. Aunque se deben analizar los estatutos de creación del Gafi, las normas internacionales establecen mecanismos claros para terminar un acuerdo de este tipo.
Uno de ellos es que luego de que se informe la decisión ecuatoriana de salir del organismo, deberá transcurrir un tiempo determinado hasta que se ejecute la separación. Ese lapso, en la mayoría de acuerdos, llega hasta el año. Eso sucedió cuando se acabó en convenio con Estados Unidos por la Base de Manta.