El Estado, a través de la Procuraduría y delegados del Gobierno, apostará por la conciliación en la audiencia por el caso pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo anticipó a EL COMERCIO el subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República, Marcos Miranda Burgos. La audiencia pública tendrá lugar este martes 23 de agosto en la capital de Brasil, Brasilia. Se realizará en modalidad presencial.
“El Estado va a realizar una defensa técnica y además una defensa conciliadora, porque el Gobierno Nacional reconoce la importancia de los pueblos y las comunidades indígenas, y en este caso de los pueblos que no han sido contactados”, dijo.
El funcionario aseguró que, contrariamente a lo que señalan organizaciones ecologistas e indígenas, no se han incumplido los protocolos para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía del país.
“La zona intangible actualmente está definida y permite, sin ningún tipo de riesgo, la sobrevivencia de los pueblos no contactados. No obstante, el Estado espera conocer si existen o no informes técnicos, pericias que puedan
demostrar que existe algún tipo de riesgo”, anotó.
El caso se origina en una denuncia presentada en 2006, luego de una masacre ocurrida tres años antes, en la que murieron alrededor de 30 personas de los pueblos Tagaeri-Taromenane. Asimismo, se aducen otras matanzas ocurridas en 2006 y 2013.
Además de los delegados del Estado, a la audiencia acudirán los abogados de quienes interpusieron la demanda en defensa de las víctimas: la Conaie y las organizaciones no gubernamentales ecologistas Fundación Pachamama y Yasunidos.
Los motivos
La demanda persigue que la Corte declare que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de una decena de derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los pueblos en aislamiento del Parque Yasuní.
Entre otros, son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, libre circulación y residencia, a la salud, derechos culturales y a la propiedad. La sentencia generará un precedente para todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mario Melo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, representará a los grupos que impulsan esta acción.
El abogado manifestó que como medida de reparación plantearán que el Estado declare “una zona de paz” en el territorio compartido entre las comunidades en aislamiento con el pueblo Waorani, el más reciente que tuvo contacto con la civilización y se ha enfrentado con los Tagaeri-Taromenane.
La idea es que “en esa zona donde existe evidencia de la presencia de estos pueblos se respete el criterio de intangibilidad y, en consecuencia, las actividades extractivas que se realizan allí sean paulatinamente desmontadas”, señaló Melo.
El subsecretario Miranda, sin embargo, remarcó que en la actualidad no existe actividad extractiva ni en la zona intangible ni en la zona de amortiguamiento, lo que puede ser comprobable. “Desde 2003 se ha respetado la zona intangible”, insistió.
En la demanda se alega que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane (ZITT), definido por el Estado.
En ese sentido, se argumenta que “no se tomaron en cuenta los patrones estacionales de siembra y recolección, generando contactos, afectando su subsistencia y la entrega en concesión y explotación de sus territorios intangibles a empresas”. Y que las matanzas fueron el resultado de contactos entre terceras personas y los pueblos no contactados.
Hechos
En el 2003, 2006 y 2013 se registraron tres masacres producto del enfrentamiento entre miembros de los pueblos Tagaeri-Taromenane, madereros ilegales y miembros del pueblo Waorani.
En marzo de 2003, Ompure Omehuai y su esposa, Buganei Caiga, de la nacionalidad Waorani, fueron atacados por los taromenane. En su momento, Ompure aseguró haber recibido reclamos de los taromenane por el ruido y los impactos de la actividad petrolera, y le pedían que lo solucione.
Organizaciones civiles que trabajan en la zona alertaron a funcionarios del riesgo inminente de que los familiares de Ompure y Buganie, siguiendo patrones ancestrales, realicen una venganza. Señalaron que el Estado no tomó ninguna acción.
El 10 de mayo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar.
2 meses
Según el procedimiento, luego de la audiencia, la Corte concederá 60 días a las partes para que presenten sus alegatos escritos y posteriormente emitirá la sentencia.
Plazos
Según el procedimiento, luego de la audiencia la Corte concederá 60 días a las partes para que presenten sus alegatos escritos y, posteriormente, emitirá la sentencia.