Ecuador aportó USD 1 500 a la CIDH durante ocho años
Édison Lanza,secretario de Libertad de ExpresióndelaCIDH, visitó Ecuador en agosto. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Corría mayo del 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciaba la peor crisis económica de su historia, cuya causa estaba en un mecanismo de financiamiento inadecuado.
Cuatro meses después, la organización informaba que superó la crisis. Nuevos aportes, especialmente de Argentina y de México, hicieron que se pudiera completar el segundo ciclo de sesiones de ese año.
Esa ayuda puso fin a años de inestabilidad económica de la Comisión. Desde que políticos identificados como progresistas coparon varios gobiernos en la región, por al menos una década, la entidad fue objeto de críticas e incluso se llegó a plantear un reemplazo.
Ecuador, durante la administración de Rafael Correa, se abanderó de esos postulados. En el 2012, el Gobierno propuso al resto de Estados sudamericanos crear un nuevo órgano de defensa de derechos humanos de la Unasur.
La CIDH tiene dos fuentes de financiamiento. El fondo regular, que se nutre de las cuotas que realizan anualmente los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de manera obligatoria. De ese monto se asigna el 6% a la CIDH (USD 5 millones en el 2017).
Y los fondos específicos, que se conforman de dos fuentes. Primero, las contribuciones voluntarias de países miembros y, segundo, las contribuciones de observadores, como universidades que aportan con becas; en el 2017 este fondo reportó USD 6,3 millones (ver infografía). El año pasado el total del presupuesto de la CIDH fue de USD 11,3 millones.
La afectación para la Comisión no solo fue política, por las críticas, sino que pasó a lo económico. Si bien los gobiernos que la criticaron estaban obligados a aportar a la OEA, dentro de sus presupuestos no se incluyeron aportes específicos para la Comisión.
Bolivia, Brasil y Venezuela, por ejemplo, no han realizado ningún aporte a la CIDH desde el 2011 (datos disponibles en la web de la CIDH). Uruguay hizo cero aportaciones hasta el 2014, durante el gobierno de José Mujica. Y Ecuador solo aportó USD 1 500 en el 2011.
Lo mismo ocurrió con Argentina. Si bien en la administración del ‘kirchnerismo’ hubo aportes que no bajaron de los USD 50 000, en el 2016 y el 2017 los aportes subieron a USD 200 000 y USD 257 000, respectivamente.
Isidro Fierro, docente y analista internacional, explica que la inestabilidad de los sistemas de derechos humanos está presente no solo en América sino también en Europa. Explica que esto se debe a que la política es cíclica y con los cambios de gobiernos en cada país, cambia la visión hacia los organismos multinacionales.
Añade que para evitarlo se debe trabajar desde adentro en cada país, es decir, generar normas que obliguen a los gobiernos a aportar a los sistemas internacionales de protección, que son importantes, incluso para corregir posibles desviaciones políticas de los sistemas judiciales internos.
Pese al escenario económico que atravesó la Comisión, no dejó de ocuparse de las causas de todos los países. En el caso ecuatoriano, la Comisión tenía al menos 134 casos en trámite hasta el cierre del año pasado (ver infografía).
Y en este año se han sumado otros. El propio Gobierno pidió asistencia para esclarecer lo ocurrido con el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de este Diario.
El Gobierno actual tampoco ha hecho un aporte específico este año, según información de la Cancillería. Esta entidad contestó que en la Asamblea de la OEA 2017, los Estados miembros decidieron fortalecer el presupuesto asignado a la CIDH a través del incremento gradual del 33% anual en tres años (2018-2020).
Por esta razón, el 2018 el aporte obligatorio de Ecuador debía ser de USD 343 100, cuando en los años anteriores no pasó de los USD 274 800.
A la Comisión han llegado denuncias de exdirigentes del correísmo, que si bien cuando estuvieron en el poder criticaron a esta instancia, ahora acuden a ella.
Ricardo Patiño, excanciller de Correa, aclara que nunca estuvieron en contra del Sistema Interamericano sino de la forma cómo la CIDH distribuye los recursos económicos que recibe, concediendo más importancia a la Relatoría de Libertad de Expresión que, según él, está “ligada a los grandes medios” de la región.
Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de Moreno, cree que el Gobierno anterior es la contradicción en sí misma. “Es gracioso ver cómo denigraron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) y hoy día acuden a esas organizaciones”. Actualmente -dice- son respetuosos del Sistema en general.
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