Doris Soliz: fue un evento del Gobierno, no de Alianza País

Para Soliz, no hay nada que investigar: “hemos sido muy respetuosos”. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La celebración de los 10 años de la Revolución Ciudadana no fue un evento de Alianza País. Doris Soliz, su secretaria ejecutiva lo afirmó. El festejo fue organizado por el Gobierno y las invitaciones fueron enviadas desde la Secretaría de Gestión de la Política, encabezada por Paola Pabón.
En el evento que se llevó a cabo el domingo 15 de enero del 2017, en Guayaquil, participaron el presidente Rafael Correa y el binomio oficialista: Lenín Moreno y Jorge Glas. Los tres tuvieron espacio y tiempo en la tarima.
Esto fue lo que denunciaron los miembros del Movimiento Concertación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Alfredo Carrasco, candidato a asambleísta por Pichincha, pidió oficialmente que se investigue el supuesto uso de recursos públicos en el evento en el que, según su criterio, se promocionó a esos candidatos.
“Cualquiera tiene el legítimo derecho de celebrar lo que quiera”, comentó. Pero, según Carrasco, en medio de una campaña electoral, un acto de esa magnitud significa una ventaja en términos de promoción frente a los otros movimientos y partidos.
Carrasco recordó que el CNE establece límites al gasto electoral y debe asegurarse de que todos los respeten. Para él está claro que el evento fue aprovechado para promocionar a Moreno y Glas.
Sin embargo, Pabón dijo a la Agencia Pública Andes, el 10 de enero, que el binomio de Alianza País ha jugado un papel fundamental en esta década. “Para no incurrir en actos proselitistas, desde el Gobierno se realizaron las consultas necesarias para obtener la autorización del CNE”. Este Diario preguntó el martes 17 de enero a Pabón si recibió dicha autorización, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
Concertación presentó supuestas evidencias sobre el uso de fondos públicos en el acto. Pero Pabón y Soliz confirmaron que fue un acto gubernamental, no partidista. Para Soliz, quien pidió licencia en la directiva de AP para dedicarse a su campaña para asambleísta por Azuay, la explicación es sencilla: “estuvimos como ciudadanos y como autoridades”. Y “prácticamente no se mencionó a Alianza País”, aunque acepta que “es inevitable que la militancia vaya con su camisetita, lleve sus banderas”.
Cuando Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, escuchó preguntas sobre el tema, el lunes, solo respondió que “todos los aspectos en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, en su momento, serán parte del análisis respectivo”.
Su compañero, el vocal Mauricio Tayupanta, dijo que la autoridad electoral monitorea todas las actividades y que los informes levantados, tras un análisis, pueden ser remitidos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), si hallan evidencias de infracción. La otra posibilidad -explicó- es que la ciudadanía haga una denuncia. Concertación acudió a este recurso, pero Carrasco no confía en que el CNE lo tramite.
Para Soliz, no hay nada que investigar: “hemos sido muy respetuosos”. Contó que retiraron toda propaganda de candidaturas, porque sabían que la oposición haría este tipo de denuncias. “No hemos infringido ninguna ley al ser partícipes de una celebración masiva del pueblo”, sentenció.
Según Marco Proaño, analista electoral, el CNE tiene la capacidad de actuar y garantizar una contienda igualitaria para todos los candidatos, como lo manda la ley. Porque Moreno y Glas “no solo estuvieron como invitados, sino que participaron activamente, hablaron”.
El analista dice que el CNE debe fiscalizar el gasto, controlar la propaganda y la promoción electoral, como sede administrativa. El TCE es la siguiente instancia.
Según el artículo 207 del Código de la Democracia, los candidatos a la reelección no pueden participar en ningún evento realizado con fondos públicos. Y tampoco se puede difundir la imagen, voz o nombre de ningún candidato con ese tipo de recursos.
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