Todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha descartado que el escándalo de las afiliaciones fraudulentas haya sido producido por una manipulación de su sistema informático. Sin embargo, el Gobierno ya empezó a atacar a las organizaciones políticas a quienes acusa de ser las únicas responsables de esta crisis.
Repentinamente, el presidente Rafael Correa tomó la vocería de Alianza País y con una corbata verde dijo que las “mafias políticas” supuestamente compraron rúbricas a empresas, que nuevamente no identificó.
De inmediato, los ministros más cercanos al Presidente: Ricardo Patiño, Betty Tola, Doris Soliz, hicieron suyo ese discurso ante la prensa y en las redes sociales.
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Sectores de oposición aseguran que Correa busca endilgar la responsabilidad de esta crisis a las organizaciones adversarias, y no a las fallas técnicas del CNE.
“Parece que al Presidente se le olvida que muchas de sus firmas fueron invalidadas” dice el presidente de Concertación, Juan Carlos Solines. De hecho, Alianza País presentó, dentro del proceso de reinscripción, 1,5 millones de adhesiones, de las cuales el 31,72% fue rechazado.
Para Solines, el objetivo del Gobierno es deslegitimar a las fuerzas políticas de oposición para consolidar un sistema de partido único. “Quieren tachar desde su nacimiento con una mancha a las nuevas organizaciones”. Una posición similar tuvo Fabricio Correa y Alfredo Serrano (PSC).
El correísmo que desde el 2006 muestra un discurso antipartidos, anunció ayer una “vigilia ciudadana” al nuevo proceso de revisión total de las firmas de las 11 fuerzas políticas ya inscritas, para que no se cristalice el “fraude”.
También pidió que se llevara a confesión judicial a Lourdes Tibán (Pachakutik) para que diga cuáles son las empresas que según ella ofrecían las firmas.
Con este anuncio, el oficialismo busca avalar un proceso de revisión que para ex titulares electorales como Medardo Oleas, Carlos Aguinaga y Omar Simon y juristas como Julio César Trujillo no tiene base legal. Por eso no ven forma de que las 11 organizaciones políticas ya inscritas pierdan su registro. Simon, incluso, lamentó que la crisis se maneja con especulaciones. Pidió al CNE confirmar la magnitud y origen de este fraude a la fe publica.
El ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, ayer en Ecuavisa, cuestionó el pésimo manejo del CNE en el proceso de reinscripción de partidos, por lo cual demandó la renuncia inmediata de sus vocales pues no hay garantías para los comicios.
Para el analista Simon Pachano el Régimen usa esta situación para desprestigiar a los partidos. “¿Quién queda cuando no hay partidos y corrientes políticas?: el caudillismo, un solo líder”.
Cuatro inconsistencias en el proceso de validación de las firmas
El software
El sistema informático que utilizó el CNE para revisar la validez de las firmas de los formularios de inscripción tiene un margen de error del 60%. Este ‘software’ que se empezó a utilizar en el 2009, durante la presidencia de Omar Simon, le costó al organismo electoral USD 37 000. Domingo Paredes, presidente del CNE dijo que irá a la basura.
Padrón
Para comparar que la firma de los ciudadanos sea la verdadera, el Consejo Electoral utilizó el padrón electoral del 2009. No obstante, si la firma de un ciudadano no contaba en este padrón el Consejo la hacía pasar como válida, al no tener una rúbrica con la cual hacer la comparación. Para este reconteo se utilizará la base de datos del Registro Civil.
Registro
Las fuerzas políticas de oposición miran con sospecha que cuadros claves de Alianza País como Doris Soliz, Fernando Cordero y varios de sus legisladores, que deberían constar como adherentes del oficialismo, estén afiliados como simpatizantes de otros movimientos. Para políticos de oposición esto revela que la base de datos fue adulterada en el CNE.
Manipulación
El presidente del CNE, Domingo Paredes, no descartó que dentro de la institución se pudo dar una manipulación del sistema informático. El ex titular electoral, Omar Simon, también reconoció esta posibilidad.
El organismo adelanta una auditoría interna, mientras tanto el Gobierno ya se adelantó a responsabilidad a los partidos.