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Dirigentes de la transportación de Azuay fueron liberados

Un grupo de choferes en las afueras de la corte provincial esperan la audiencia de los choferes detenidos en el paro. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Un grupo de choferes en las afueras de la corte provincial esperan la audiencia de los choferes detenidos en el paro. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Un grupo de choferes en las afueras de la Corte Provincial el viernes 4 de octubre del 2019. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Más de dos horas duró la audiencia de formulación de cargos contra Mesías Vicuña, secretario del Sindicato de Choferes de Azuay y Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, por la presunta paralización del servicio público.

El juez penal, Fabián Romo, formuló cargos en contra los dos dirigentes y les otorgó la libertad bajo las medidas sustitutivas como la presentación periódica y la prohibición de salida del país. Deberán presentarse cada viernes en la Fiscalía de Azuay, mientras duren las investigaciones.

Vicuña y Solís fueron detenidos la madrugada de este viernes 4 de octubre del 2019, mediante allanamientos en sus domicilios ubicados en la ciudad de Cuenca. Ellos están acusados de promover las movilizaciones y bloqueos de vías que mantuvieron paralizada por dos días a esta provincia.

Durante las protestas también hubo actos vandálicos y la destrucción de bienes públicos de la ciudad como las estaciones de la bicicleta pública, la quema de neumáticos sobre las rieles del tranvía, retiro de adoquines y otros materiales de las aceras.

Desde la detención, familiares de los dirigentes y grupos de transportistas se mantuvieron en un plantón en los exteriores del Complejo Judicial de Azuay, en la avenida José Peralta. Mediante gritos, pancartas y el sonido de cornetas exigían la libertad.

Allí también se ubicaron taxis cruzados en la avenida para bloquear la circulación vehicular. A la audiencia llegó un representante de la Defensoría del Pueblo, para garantizar para que se cumpla el debido proceso y se respeten los derechos de los infractores.