Otro muro se levanta en la carrera de los diplomáticos del país. Ahora se pretende limitar su acceso a cargos directivos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta propuesta está contemplada en el veto presidencial a la Ley de Servicio Público y si pasa como Alianza País tiene planificado .
En la normativa se reconoce y se garantiza la carrera diplomática para los embajadores, pero se establece que quien ocupe puestos de libre nombramiento y remoción “perderá su condición de servidor de carrera y podrá ser libremente removido, salvo (…) por encargo, subrogación o nombramiento provisional”.
Es decir, que los embajadores que sean designados subsecretarios, coordinadores o directores de la Cancillería deberán renunciar al servicio exterior y someterse a la nueva normativa.
Para el embajador Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera del Ecuador (Adip), ningún funcionario renunciaría a sus cargos para someterse a un régimen laboral de inestabilidad. “Me parece absurdo que alguien vaya a dejar su carrera de tantos años. Además, es como un general de la Fuerza Pública, solo puede pasar de estar activo a pasivo”, señaló.
Además, cree que esta decisión del Ejecutivo es parte de una estrategia más grande para eliminar la institucionalidad del servicio exterior. Su argumento se refuerza en tres hechos concretos. El primero sucedió en abril del 2007, cuando el ex Tribunal Constitucional dio libertad al presidente Rafael Correa para que designara a embajadores y cónsules, como cuota política.
El Tribunal avaló la inconstitucionalidad del art.3 de la Ley Reformatoria del Servicio Exterior, que decía que la Junta Consultiva debía “conocer y emitir dictamen favorable previo, para la designación de los nombramientos de excepción (cuota política)”.
Entonces, los diplomáticos protestaron por la resolución, pues la Junta Consultiva se encargaba de analizar los perfiles de quienes ocuparían representaciones en el exterior y además, se les daba capacitación para que puedan trabajar en la diplomacia.
Precisamente, el tema de la formación fue el segundo golpe. En junio del 2008, la Academia Diplomática se cerró.
En su lugar, la Cancillería ofreció una formación académica de cuarto nivel en Relaciones Exteriores, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Pero esto fue suspendido porque el canciller Ricardo Patiño les asignó funciones inmediatas a los 37 estudiantes al Ministerio.
El vicecanciller Kintto Lucas informó que la idea es crear un instituto de relaciones internacionales, con el apoyo del IAEN. Pero esto todavía no se ha concretado.
El tercer punto, el más cuestionado por los diplomáticos, es que se les ha negado la posibilidad de ocupar cargos directivos para los cuales fueron formados. Incluso, la mayoría de los altos mandos de la Cancillería está ocupada por personas del Régimen: Kintto Lucas, Rafael Quintero, Galo Borja.
“Hay una clara intencionalidad de relegar a los funcionarios de carrera de las decisiones de la Cancillería. Es contradictorio que se les quite la posibilidad de decidir sobre los temas que siempre han conocido”, cuestionó el ex canciller José Ayala Lasso.
No obstante, las autoridades de Cancillería creen que se trata de un pequeño grupo que está descontento con las reformas, porque no fueron beneficiados.
Lucas manifestó el viernes pasado que en la nueva estructura del Ministerio se contempla una mayor vinculación de los diplomáticos de carrera (ver compartida). Actualmente, hay 29 embajadores distribuidos en 58 direcciones y subsecretarías.
No obstante, si se aprueba la objeción presidencial a la Ley de Servicio Público, los diplomáticos deberán salir de sus funciones o renunciar a su carrera. Por el momento, esto no está en los planes de ningún diplomático.
Para un funcionario que pidió no ser citado, la decisión del Gobierno muestra el desconocimiento de cómo funciona la Cancillería. Recuerda que Patiño y Lucas colaboraron en la preparación de una propuesta dentro de la Ley de Servicio Público que comprendía la lógica del servicio exterior.
Pero este aporte, que fue recogido por la Asamblea Nacional, se retiró en Palacio durante el veto.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, adelantó que el Régimen no cambiará su decisión sobre el funcionamiento y operatividad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese veto será discutido esta semana.
