La designación de autoridades de los diferentes concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se paralizan, una vez que no se aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC) 2022, que debía efectuarse hasta el 15 de enero. El Cpccs espera subsanar el problema con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
“Habría que solicitar al Sercop, buscar la manera de cómo solucionar este problema. La ley es clara, era hasta el 15 de enero. El Sercop deberá analizar. Somos una institución pública, no podemos quedarnos sin presupuesto (…). Al no aprobar el PAC, no podemos contratar nada y eso incluye la designación de autoridades. Hay un plan de boicot, de obstaculización. Eso es lo que se evidencia el día viernes”, dijo a este Diario la titular del Cpccs, Sofía Almeida. Queda paralizado todo el Consejo, sostuvo la presidenta.
Las discrepancias surgieron entre los integrantes del Cpccs durante la sesión del 14 de enero. En el primer punto del orden del día constaba conocer y aprobar el Plan Anual de Contratación (PAC) para el 2022 y el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas para este año.
Sin embargo, no hubo aprobación y se plantearon observaciones desde los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa para que sean tratadas en la próxima sesión ordinaria del Pleno. Este próximo miércoles se efectuará la sesión ordinaria 2, pero los temas en cuestión no constan en la agenda.
El artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que “hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año (…)”.
Los cuatro consejeros incumplieron su función, la normativa del Sercop y de la Contraloría a criterio de Almeida por lo que informará de lo sucedido a dichas instituciones.
Rivadeneira considera que son “amenazas” y que no caerá en una posible mal utilización de fondos públicos. “Yo no voy a aprobar algo si no tengo los sustentos legales (…) que determinaron los montos para los tipos de contratación pública para el 2022”, indicó.
El consejero Francisco Bravo, en cambio, aseguró que el Consejo no se queda sin recursos porque “el 3 de enero, Finanzas certifica que tiene asignado los recursos (USD 7.117.896,00) para el Cpccs, para los gastos que tiene la institución”. Ese total incluye recursos ya comprometidos y solo USD 129.854,91 “es la cantidad para realizar las contrataciones en el presente año”, indicó Jack Ochoa, responsable de la Coordinación General Administrativa Financiera, en la sesión del 14 de enero. Entre los rubros se incluye USD 7 454 para servicio logístico para designación de autoridades.
El Cpccs realizó un anticipo de USD 44.212,51 al contratista Ricardo Silvera Choez para la logística para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
Bravo cuestionó que se haya anticipado recursos. “La presidenta tampoco ha entregado al Pleno un cronograma para la designación de autoridades. Es ilógico que se haya dado un anticipo por un contrato de algo que no se sabe cuándo se lo va a ejecutar”. La consejera Rivadeneira coincidió con la crítica.
Almeida, en cambio, explicó que es el procedimiento regular en contrataciones públicas. “Se entrega un dinero para que el proveedor pueda iniciar todo para ejecutar su contrato. Si el proveedor no cumple, se ejecuta la póliza y no pierde el Estado”. Respectos a los pedidos de información de los consejeros sobre el PAC, dijo que las consultas fueron absueltas durante la última sesión.
Para la consejera Estupiñán no es un acto de transparencia el que se haya querido aprobar el PAC para después “ir reprogramando” en función de lo que se requiera en el futuro, como lo dio a entender Ochoa.