13 de October de 2011 00:01

En 9 días vence plazo de relevo interno en Corte Constitucional

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El 22 de octubre se cumplen tres años del período de transición, en el cual el ex Tribunal Constitucional se convirtió en Corte, amparado en la nueva Constitución.

Pero con ello también se cumplen tres años desde que Patricio Pazmiño asumió la conducción del organismo, cuyos nueve vocales fueron designados por el Congreso de los ‘manteles’ del 2007.

El antiguo Tribunal, amparado en el art. 429 de la Constitución vigente, se autoproclamó como la Corte Constitucional, el 22 de octubre del 2008, cuando entró en vigencia la nueva Carta Magna.

Desde entonces, los nueve vocales que conforman el Tribunal asumieron la tarea de interpretar las normas constitucionales que no estén claras para los demás poderes y organismos del Estado .

En el acta de conformación se estableció también que esta Corte tendría todas las facultades que la Constitución otorga a la institución, a pesar de que no se la haya designado mediante un concurso de méritos y oposición.

Parte de estas facultades contempla el cumplimiento del art. 435 de la Carta Magna, en el cual se dictamina que “la Corte Constitucional elegirá de entre sus miembros, un Presidente y un Vicepresidente, quienes desempeñarán sus funciones por el período de tres años”.

En esa acta de proclamación también se estipuló que los miembros cumplirían estas funciones durante el tiempo necesario que dure esta transición, hasta la integración de la nueva Corte.

En este marco, en el Pleno del organismo aún no se ha hablado de la renovación de autoridades, pese a que en nueve días se cumpliría el plazo para el recambio. Según el artículo 435 de la Constitución, las autoridades internas no pueden reelegirse.

En la actualidad Pazmiño se encuentra con permiso médico, debido a una operación en su rodilla izquierda. En principio, Pazmiño tuvo una licencia por 15 días, sin embargo, el pasado lunes se le extendió por cinco más.

Por este motivo el titular del organismo no se ha pronunciado sobre el tema. Por su parte, Édgar Zárate, vicepresidente de la Corte, dijo que no le corresponde pronunciarse mientras no regrese a su cargo Pazmiño.

No obstante, desde la visión de dos constitucionalistas, la permanencia de Pazmiño, como presidente, y de Zárate, como vicepresidente, estaría por acabarse.

La razón: el art. 435 de la Constitución debe prevalecer ante el acta de proclamación en Corte, del 22 de octubre del 2008.

Gustavo Medina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, afirma que esa norma “está por encima de cualquier resolución legal, basándose en la teoría de la pirámide jurídica”. Este concepto señala que la Carta Política es la regla que prevalece en el caso de tener normas que se contraponen o están en conflicto.

Medina, además, argumenta que la transición ya “se ha prolongando demasiado”, a pesar de que la Constitución dispone un tiempo límite para que se lleve a cabo. “Esa etapa ya debía haber finalizado”, aseguró.

Rafael Oyarte, constitucionalista y especialista en derecho administrativo, coincide con esa opinión. Y aclara que lo que cabe en este momento es un relevo en la Presidencia y Vicepresidencia.

En ese marco, Oyarte señala que aún no es posible un cambio de miembros de la Corte, que ya casi llevan 5 años en funciones.

Según el art. 25 de l Régimen de Transición, los nuevos jueces de la Corte serán los últimos en ser elegidos en concurso. Esto será posible cuando esté integrada la Función de Transparencia, la cual aún no tiene al nuevo Contralor y Defensor del Pueblo.

Blindaje de los actuales nueve magistrados
 
Artículo  431
Los miembros    de la Corte no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos  de sus cargos.Pero e estarán  sometidos a  controles como toda autoridad pública.  
De ser el caso la responsabilidad civil, o de caso penal sobre los magistrados  únicamente serán acusados por la Fiscal o el  Fiscal General de la Nación y juzgados por el Pleno de la Corte Nacional.
 
Artículo 434
Los miembros   de la nueva y primera Corte se designarán por una comisión   integrada por dos personas nombradas por las funciones: Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia.
Se los elegirá   mediante una terna de nueve posibles candidatos enviados por cada  función  del Estado. Es decir, nueve  del Presidente,  nueve  del Legislativo y nueve  del Consejo de Participación.

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