Betty Amores, Mauro Andino, Pamela Falconí, Gastón Gagliardo, César Rodríguez y Silvia Salgado.
Estas seis personas fueron las que el 11 de febrero del 2010, en su condición de asambleístas, firmaron el acta 025 de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea con la que se archivó el pedido de juicio político al entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, por la compra de los helicópteros Dhruv.
Estos nombres deberán acompañar a otros más en una lista en la que se identifique a todos quienes articularon un escenario del cual ha resultado que, recién seis años después de las primeras advertencias sobre los helicópteros, se decidiera parar su operación y hacer una investigación sobre su compra. Seis años durante los cuales se produjo la muerte de tres tripulantes y la posibilidad muy cercana de que otros seis más murieran en accidentes.
Amores, Andino, Falconí, Gagliardo, Rodríguez y Salgado firmaron un acta en la cual el primer argumento que aparece para archivar el juicio es una leguleyada procedimental. “En el expediente no existe ningún documento público que legitime la calidad de Ministro de Defensa”, dice el documento, que asegura también que no hay nada que pruebe la responsabilidad política del Ministro en la compra, cuando eso era lo que tenía que establecer el juicio.
Si esos asambleístas hubieran sido consecuentes con la responsabilidad fiscalizadora que el pueblo les dio en las urnas, ese juicio quizá hubiera creado una corriente de opinión capaz de forzar la suspensión de los vuelos.
El pedido tuvo el apoyo firmado de 54 de un total de 124 asambleístas, la cifra más alta en esta etapa política obtenida por un proyecto de fiscalización, impulsado por Fausto Cobo y sustentado por el general Jorge Gabela, un duro crítico de la compra.
Ahora, cinco años después de la histórica negativa, la Asamblea ha dicho que investigará el tema. Nunca es demasiado tarde.