devaluación de la asamblea

El presidente Rafael Correa rendirá esta mañana el informe de labores del primer año de su segundo mandato ante la Asamblea Nacional. Un simbolismo curioso en un Gobierno que critica los formalismos heredados de la “partidocracia”, pero que tampoco concede a la Legislatura la importancia debida como generadora de institucionalidad y democracia.

El trámite de leyes trascendentales como la de Hidrocarburos y de Educación Superior desnudan el pobre papel que el Ejecutivo da a la Asamblea. En el primer caso, se impidió que se debatiera antes de entrar en vigencia; en el segundo, el Gobierno se alista a desconocer la negociación interna: el veto parcial se consagrará como la herramienta preferida de un Ejecutivo que no se conforma con lo que hacen sus legisladores.

La devaluación de la Asamblea no solo se produce en la percepción pública sino en la del Ejecutivo, que en Montecristi tuvo la precaución de darse más atribuciones. La Legislatura, que creía que iba a tener fuerza política, quedó supeditada a la iniciativa y a la decisión presidenciales.

Va a ser difícil que la Asamblea levante cabeza, pues cada vez el Gobierno le recordará su origen ligado a la figura política de Correa, le hablará del proyecto nacional y, en el peor de los casos, la amenazará con la muerte cruzada.

El resultado es una Asamblea que no fiscaliza, que no debate, que siente verguenza para hacer alianzas políticas y que, además, debe cargar con un desprestigio que no puede endosar a su principal desacreditador y usuario, y que hoy le rendirá un informe.

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