En la madrugada de ayer salieron del Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas, los cinco detenidos durante los disturbios en La Concordia, la semana pasada.
La directora de la cárcel, Lorena Torres, firmó el acta de excarcelación de Carlos Alcívar, Byron Rojas, Wilder Casanova, Luis Quinto y Javier Santana.
Mientras tanto, ayer, en Quito, el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, solicitó al Consejo de la Judicatura profundizar las investigaciones del caso La Concordia, por el que fueron suspendidos los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas Iván Guerrero, Joel Arias y Víctor Guilcapi.
Ellos dejaron en libertad a los detenidos el día 19.
Según Jalkh, “hay evidencias de malas actuaciones de varios funcionarios que no deben ser parte” de la Función Judicial.
Argumentó que los sospechosos fueron arrestados en delito flagrante. Por lo tanto, nadie podía dejarlos en libertad bajo el recurso de hábeas corpus que interpusieron Omar Mina, delegado de la Defensoría del Pueblo y Estuardo Quiñónez, presidente del Colegio de Abogados de Esmeraldas.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, dispuso el lunes la suspensión preventiva, por 90 días, sin pérdida de remuneración de los tres jueces. Los conjueces asumieron sus funciones.
“Ustedes han tomado una decisión sabia de suspender a estos jueces, pero hay que ir más allá y aquí hay una argumentación jurídica contundente para que no sigan garantizando la impunidad”, precisó Jalkh.
A pesar de su excarcelación, los imputados deben afrontar un proceso penal por supuestos delitos de ofensa a funcionarios públicos y terrorismo.